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Punto de encuentro
Postuladoras: un modelo pervertido y agotado
La academia se volvió un blanco de las redes de cooptación y tráfico de influencias.
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Las comisiones de postulación se concibieron como un mecanismo para alejar las influencias políticas y de grupos de poder de la elección de autoridades judiciales y de otras entidades claves de la institucionalidad guatemalteca. Se pensó, en aquel momento con buen criterio, que involucrar a la academia supondría un alto grado de transparencia e independencia a la hora de seleccionar a las personas idóneas para ocupar las magistraturas de las altas cortes, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la jefatura del Ministerio Público, entre otros.
Pero, en la medida en que los grupos de poder urdieron sus estrategias para permear las comisiones de postulación y lograr que sus candidatos/as fueran incluidos en las nóminas de elegibles, la universidad pública, las privadas y los gremios de profesionales empezaron a ser blanco de las redes de cooptación y tráfico de influencias.
Así, la rectoría y la decanatura de Derecho de la Universidad de San Carlos (Usac) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) se convirtieron en espacios claves para lograr el control del aparato judicial.
Además, empezaron a surgir nuevas universidades privadas que, aunque no tuvieran alumnos en la carrera de Derecho, se afanaban por abrirla porque eso les garantizaba una silla en las comisiones de postulación donde participan los decanos y voz y voto en el foro de rectores. Vimos también los famosos “incentivos” a través de viajes, doctorados y prebendas para operadores de justicia y la graduación exprés de alumnos para tener electores en el Cang.
Las comisiones de postulación hace décadas que no funcionan y es imprescindible la reforma constitucional.
Así se fue pervirtiendo el mecanismo de elección establecido en la Constitución de 1985 y el resultado ha sido la cooptación institucional y del sistema de justicia a través del nombramiento de personas que responden a intereses políticos, económicos, corporativos y hasta criminales. Las consecuencias de esta captura —desestabilización, criminalización, debilitamiento democrático y del Estado de derecho e impunidad para quienes delinquen— las estamos sufriendo desde hace años y, estas elecciones de segundo grado no son la excepción.
Aunque en los últimos procesos electorales del Colegio de Abogados (elección de la Junta Directiva, de la planilla para integrar la comisión de postulación al TSE, elección del Tribunal de Honor y de las magistraturas a la Corte de Constitucionalidad) se impuso, a pesar de todas las maniobras, la voluntad de una mayoría de profesionales que apostaron a las opciones democráticas, el modelo está agotado.
Para muestra, el impresentable listado de candidatos que la comisión de postulación del TSE envió al Congreso (uno sancionado por EE. UU. como actor corrupto y antidemocrático y cinco investigados por el caso Comisiones Paralelas, entre otras linduras) y del que los diputados deberán elegir a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes que tendrán a su cargo las elecciones de 2027 y 2031.
Dicha nómina, en su mayoría, es producto de los votos de Walter Ramiro Mazariegos, el rector impuesto de la Usac, quien presidió la comisión; del decano de Derecho de la misma casa de estudios, Henry Manuel Arriaga; del decano de la Universidad de Occidente en representación de los decanos de las universidades privadas, José A. González Cuevas; y del representante de los rectores de las universidades privadas, Mynor Augusto Herrera, de la Universidad Panamericana. Si las impugnaciones a la nómina no prosperan, corremos serio peligro de interferencia indebida en las dos próximas elecciones generales.
Las comisiones de postulación hace décadas que no funcionan y es imprescindible la reforma constitucional. Por lo pronto, toca jugar en este tablero en unidad y con estrategia.
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