Entre los derechos suspendidos, de hecho por el ejercicio de puestos públicos, se encuentra el del secreto de lo relacionado con su salud, diferencia de los ciudadanos comunes y corrientes, quienes pueden negarse a hablar de este tema. Por ser la salud de las autoridades un tema de interés público, debido a los posibles problemas políticos derivados de la separación temporal o definitiva de un cargo, sobre todo si es de elección, existen normas claras sobre cómo actuar. De hecho, el cargo de presidente tiene entre sus razones establecer una sucesión con alguien también electo. No se debe consultar a nadie, y la sucesión casi puede ser calificada de automática.

Es necesario señalarlo, porque algunas personas consideran intromisión periodística o de grupos políticos adversos cualquier cuestionamiento a este respecto. No lo es, aquí ni en el resto del mundo. Ello no significa divulgar reportes minuciosos con terminología médica, pero sí requiere de divulgar el desarrollo de cualquier enfermedad a través del doctor de la familia del funcionario, para evitar el uso de términos equivocados. Sí necesita emplear palabras exactas pero entendibles para la generalidad de ciudadanos, y sobre todo emplearlos con total sinceridad, sin evasivas. Es, sin duda, un tema difícil, causante de problemas de comunicación si no se habla bien.

Alejandro Giammattei hizo bien en dar su mensaje dominical, leído por un locutor. Mantenerse en el cargo, aunque sea en su casa, no le permite lo principal ahora: descansar, para no hacerlo después en paz… La vida y la política dan sorpresas. Un retiro definitivo causaría problemas serios: llegaría el vicepresidente, sin apoyo político, y el Congreso, ¡este Congreso!, sería el encargado de elegir al sustituto, quien entraría con mancha, sería objeto de presiones de todo tipo para buscar su renuncia. Ascendería ese alguien “X”, luego elegiría a un nuevo vicepresidente, ambos no electos, pero esta vez sin duda alguna escogidos por el peor Congreso de la historia. Por eso debe cuidarse.

Basura chapina a Honduras

El mal manejo de la basura en cualquiera de sus manifestaciones constituye la base de una serie de desastres de todo tipo. Basta ver los basureros clandestinos a la orilla de las carreteras, la conversión del Lago de Amatitlán en un inmenso pantanal de desechos, el avance del Lago de Atitlán para convertirse en algo parecido en un tiempo corto, y también el hasta cierto punto poco conocido caso del río Motagua, convertido en arrastre de basura hacia el Caribe, y por ello causante de serios daños a la parte cercana a Guatemala de la costa norte de Honduras. Las fotos ya no reflejan agua, sino basura cuya enorme área y grosor explica, con solo verlas, el malestar de los hondureños.

De nuevo, este problema se ha visto aumentado como consecuencia de la corrupción del nefasto Jimmy Morales y sus huestes. Poco antes de dejar el puesto de presidente y salir a esconderse en el funesto Parlacen para evadir la justicia por corrupción, para quedarse con 18 millones de quetzales, contrató a Alfonso Alonzo, entonces ministro de recursos naturales, inventor (¿???) de “biobardas”, simples botes envueltos en plástico para detener esa basura y recogerla. Fue como el “agüita mágica” de Baldetti. Falló, obviamente, como también ocurrió con ese monumento a la mala ingeniería de caminos conocido con el nombre de “libramiento de Chimaltenango”.

Guatemaltecos y hondureños son ahora víctimas de la corrupción chapina. Es un problema cuya solución implica acciones de ambos países, pero especialmente del nuestro. Ilustra, además, el terrible resultado de dejarle a cada municipalidad del país la decisión de disponer de la basura, aguas negras, etcétera, en vez de cumplir con directrices derivadas de entidades científicas, no sólo el Gobierno ni la Asociación Nacional de Municipalidades. La necesidad de criterios unificados en muchos aspectos relacionados con las comunas evita o al menos disminuye los errores. La autonomía municipal no convierte a los municipios en paisitos independientes desinteresados en los vecinos.