Corría el año 1956 cuando se conoció por primera vez de la idea de construir presas en el fronterizo río Usumacinta, pero fue abandonada en 1960. Varias veces ha resurgido el proyecto, no llevado a cabo por la mezcla de motivos económicos, políticos y ambientalistas. Del asunto se supo por última vez en 2015, cuando Otto Pérez Molina, luego de una reunión con funcionarios mexicanos en la Cumbre de Inversión Energética, anunció la decisión de construir una presa con capacidad de dos mil megavatios, casi siete veces mayor al proyecto Chixoy, productor del 15% de la electricidad del país (INDE). Del asunto no se habló nada debido a las manifestaciones de la plaza, causantes de su renuncia y de cambios políticos. Sin embargo, hay motivos muy lógicos para pensar en el avance de esa vieja idea, cuyos variados resultados extraeléctricos son desastrosos.

El tema tiene profunda importancia debido a los graves efectos extraeconómicos del proyecto de una o varias presas en el Usumacinta. Según un reporte de hace menos de un año, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó la decisión de su gobierno de no realizarlo, pero no parece haberse informado oficialmente, al menos no con la importancia derivada de este caso de interés para ambos países. Alejandro Giammattei mismo, no su ministro de Relaciones Exteriores, es el obligado de hacerlo público, pues la gran cantidad de instituciones internacionales ya conocedoras y opuestas a las mencionadas construcciones aconseja no dejar en el aire la posibilidad de realizar esta construcción por motivo de las declaraciones de Pérez Molina.

En este momento, el silencio del ministro de Energía y Minas —y de al menos tres de sus antecesores— provoca suspicacias muy justificadas en vista de la corrupción latente, pero sobre todo el absoluto descuido y nula conciencia burocrática acerca de los efectos colaterales negativos e irresponsables para las nuevas generaciones. Claro está, si todo se ve con exclusividad desde la perspectiva económica y de un supuesto beneficio a causa de un desarrollo no seguro, puede ser imposible de creer la oposición a un proyecto donde no se tomen en cuenta la totalidad de efectos. En 1970 comenzó a hablarse de cinco presas. Es entendible la necesidad de estos proyectos, pero no es aceptable si no hay integración de la tecnología a la naturaleza y al variado beneficio general.

El problema, ya se sabe, se debe a la diferencia de alturas del cañón del río: altas en México y bajas en Petén, cuyas tierras fértiles se inundarían. Desaparecerían los sitios mayas Piedras Negras, el mayor de la cuenca del Usumacinta; Yaxchilán, El Cayo, Macabilero, La Pasadita y otros no descubiertos. En total, esa cuenca ocupa 105 mil km2 (toda Guatemala tiene 108 mil), pero la zona inundada en nuestro territorio es menor. Debe recordarse: las presas afectan el paso normal de las aguas, dañan el tránsito de los peces antes y después de poner sus huevos. Pueden significar la destrucción de especies de valiosos árboles, en especial maderas preciosas —como la caoba—. Esto afecta a las especies de aves y todo significa, en suma, extinción.

Todavía hay gente ofuscada en negar el cambio climático. Para ellos son normales los huracanes en Nueva York, el calentamiento del mar. No aceptan los efectos de destruir la selva, afectar el curso de los ríos, incrementar en demasía las presas. Ejemplo terrible fue haber aserrado los dioses egipcios para subirlos porque la presa de Asuán los inundaría. Las estelas mayas también son muestras de otra cultura increíble. Las selvas donde floreció merecen respeto. (Datos del Conservation Strategy.Org, con la ayuda del Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos, Fondo Mundial para el Medio Ambiente, Banco Mundial, Gobierno de Japón, Reserva de la Biosfera Maya, Comisión Mundial de Represas, para asegurar a la conservación de la diversidad biológica por la sociedad civil).