Estados Unidos
Estado, empresa y sociedad
Seguir igual, avanzar o retroceder
Es oportuno recordar que durante las primeras semanas de este mismo año, el país debería emitir y poner en vigencia la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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Durante la existencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un experimento de Naciones Unidas, solicitada por el Gobierno de Guatemala, creada el 12 de diciembre de 2006, con la opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007, aprobada por el Congreso de la República el 1 de agosto de 2007, dirigida por Carlos Castresana (2007-2010), Francisco Dall’Anese (2011–2013) e Iván Velásquez (2014-2018), nuestro país contó con la intervención y apoyo al Ministerio Público (MP) para la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como para desmantelar organizaciones criminales y combatir la impunidad.
Sería muy lamentable que por enésima vez vivamos otra crisis política e institucional de tal magnitud.
Al margen de las luces y sombras que se ciernen sobre el trabajo que durante más de una década realizó dicha entidad internacional, no cabe duda de que dejó su impronta en el marco legal guatemalteco, porque al mismo tiempo que impulsó varias reformas en el ámbito penal, su accionar afectó a determinados intereses, muchas veces claramente criminales que sin la presencia de la CICIG difícilmente habrían sido encausados penalmente, aunque también se estima que cometió algunas extralimitaciones y arbitrariedades, lo que dio paso a una reacción y movimiento pendular que marcó el inicio de una lamentable polarización, que durante los últimos años se ha convertido en una lucha por el control del poder político y judicial.
Casi una década después de que no se renovó el mandato de la CICIG, vemos la creciente profundización del enfrentamiento entre ambos bandos, porque en un movimiento que pareciera nuevamente pendular, se está desarrollando la llamada “madre de todas las batallas” en el afán de sustituir a quienes terminan su período para el que fueron designados, tales como los magistrados del Tribunal Supremo Electoral —TSE— (marzo), los magistrados de la Corte de Constitucionalidad —CC— (abril), el fiscal general del Ministerio Público —MP— (mayo), el rector de la USAC (junio), el contralor general de Cuentas —CGC— (octubre), el presidente del Banco de Guatemala —BG— (octubre) y el superintendente de Bancos —SIB— (octubre); en este último caso, con el consiguiente control de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Como mencioné en este mismo espacio en más de alguna ocasión durante el año pasado, sería muy lamentable que por enésima vez vivamos otra crisis política e institucional de tal magnitud, con los consiguientes efectos y retrasos económicos, políticos y sociales, como ha sido casi una constante, aproximadamente cada 10 años, desde 1944. Haciendo memoria, en 1954, 1963, 1974, 1982, 1993, 2003, 2015 y, ahora, en 2026. Ojalá no se repita la historia que, en mayor o menor grado, tanto daño le ha causado al país, estancando o retrasando las posibilidades de un desarrollo humano continuado, integral, institucional, político, económico y social.
Además, es oportuno recordar que durante las primeras semanas de este mismo año, el país debería emitir y poner en vigencia la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que continúa siendo saboteada en el Congreso de la República, desde la primera versión presentada en el 2020 hasta la última versión presentada por el actual Gobierno, por diputados fácilmente identificables sobre quienes recaerá la vindicta pública como responsables de que nuestro país sea declarado un país no cooperante en la lucha contra estos crímenes, que son perseguidos universalmente en todos los países del mundo.
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