¿Por qué las juezas y jueces independientes que han resuelto casos emblemáticos están bajo ataque?, ¿por qué se está facilitando desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se abra el camino para su desafuero?, ¿por qué se admiten para su trámite denuncias espurias que no tienen sustento?, ¿por qué en lugar de brindarles respaldo, las autoridades del Organismo Judicial se empeñan en torpedear su trabajo? y ¿por qué el MP se niega a desestimar querellas penales en su contra, cuando no hay pruebas ni delitos que perseguir?

No es casualidad que las juezas Yassmín Barrios y Erika Aifán y los jueces Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez y Carlos Ruano estén sufriendo un constante hostigamiento. Cuando se revisan los procesos judiciales que les ha tocado resolver y la independencia con la que lo han hecho, a pesar del poder político y económico de los acusados o de su vinculación con redes criminales o Ciacs, se encuentra la explicación.

Son jueces y juezas honorables que no se dejan intimidar, que no permiten el tráfico de influencias en sus juzgados y que, por más presiones y ataques que reciban, resuelven de forma independiente. Eso, en un país como el nuestro en el que la justicia está cooptada y se vende al mejor postor, resulta una afrenta inaceptable y por eso el “disciplinamiento”.

La corrupción y la impunidad necesitan indefectiblemente de una justicia a su servicio. Por eso el empeño en controlar los procesos de designación de las autoridades de las altas cortes. Y por eso también los ataques a jueces y juezas honorables. En la medida en que se cuente con operadores de justicia serviles se garantizan resoluciones “adecuadas”. La piedra en el zapato son las y los juzgadores a quienes no controlan y hacia ahí están dirigiendo la ofensiva.

Uno de los casos que causa enorme preocupación es el del juez Pablo Xitumul De Paz, presidente del Tribunal C de Mayor Riesgo, a quien la CSJ está a punto de retirarle la inmunidad. La denuncia contra el juez la interpuso un policía que en febrero de 2019 lo agredió y también amenazó a su familia. Hay videos, testimonios y peritajes que lo confirman y, a pesar de que las evidencias están a la vista —de quien quiera verlas—, el juez pesquisidor envió un informe al pleno de la Suprema sin tomar en cuenta las pruebas de descargo, violando así el derecho de defensa del juez Xitumul.

Esta denuncia la conoció la Junta de Disciplina del OJ y la desestimó. Como se apeló esa decisión, siguió adelante el proceso administrativo hasta que la Junta resuelva de nuevo. El juez Xitumul explica que dado que la denuncia se conoce por la vía administrativa, no cabe el camino penal porque eso sería doble persecución. Un detalle adicional: mientras el antejuicio contra el juez va viento en popa, el proceso contra el policía que lo agredió sigue a paso de tortuga en un juzgado de Mixco.

El juez Xitumul De Paz tiene 16 años de laborar en el OJ. Ha emitido sentencias emblemáticas en casos por graves violaciones a los derechos humanos, como las desapariciones forzadas de Marco Antonio Molina Theissen, Fernando García y Edgar Sáenz Calito. Ha conocido y resuelto casos de gran corrupción como el del exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano condenado a 29 años de cárcel, y el de “Agüita Mágica” contra 20 exfuncionarios, incluyendo a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. También sentenció a pandilleros como “El Smiley” y a jefes de estructuras del crimen organizado como “El Taquero”.

Con este antejuicio lo que se busca en realidad es apartarlo de la judicatura, “castigarlo” por las resoluciones emitidas y evitar que siga resolviendo casos de alto impacto de forma independiente. La CSJ está obligada a rechazar esta denuncia por espuria e ilegítima. Solidaridad y apoyo al honorable juez Pablo Xitumul De Paz.