Estado, empresa y sociedad
Trilogía descentralizadora y Codedes
Lamentablemente los Consejos de Desarrollo dejaron de ser un medio para propiciar la participación ciudadana en la planificación y seguimiento del desarrollo del país.
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En congruencia con la Constitución Política de la República de Guatemala (1985) y los acuerdos de una “paz justa y duradera” (1996), el Congreso de la República emitió (2002) la trilogía legislativa sobre la que descansa el proceso de descentralización del poder público en Guatemala: la Ley de Consejos de Desarrollo urbano y Rural (decreto 11-2002), el Código Municipal (decreto 12-2002) y la Ley General de Descentralización (decreto 14-2002).
En su integración, no se había contemplado la participación o injerencia de los diputados.
El sistema de consejos de desarrollo es un espacio de encuentro ciudadano desde la base de las poblaciones, que propicia la participación de los habitantes a nivel comunitario, municipal, departamental, regional y nacional, mediante la determinación de necesidades y priorización de las soluciones más apropiadas, organizándose y coordinándose con la administración pública, por medio de la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios e impulso de la coordinación institucional, pública y privada.
Lamentablemente los Consejos de Desarrollo dejaron de ser un medio para propiciar la participación ciudadana en la planificación y seguimiento del desarrollo del país, para convertirse en destinatarios de fondos y gestores de la obra pública. Y, en su integración, no se había contemplado la participación o injerencia de los diputados, quienes constituyen una instancia superior al aprobar, modificar o improbar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
Como mencioné en este mismo espacio el 2 de abril pasado, el presupuesto nacional para este año contempla el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera (conocido como Listado Geográfico de Obras, de más de 300 páginas), que suma Q29,653.0 millones, destinando Q8,476.6 millones a obras físicas y equipamiento, Q868.6 millones a inversión financiera y Q20,307.8 millones a transferencias, incluyendo Q4,299.2 millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes).
La inversión física describe 2,881 obras, que en su mayoría serían ejecutadas por los Codedes (2,659 obras). En este listado de obras, que suman Q9,579.8 millones, se detalla en dónde se realizará cada obra, con su respectivo código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), descripción, unidad ejecutora, meta, unidad de medida y asignación de recursos (internos y externos).
En aquel momento, se criticó que la ejecución del presupuesto se hubiese delegado a los Codedes, porque de estos dependería la realización o no de la obra pública, cuya responsabilidad recae primordialmente en gobernadores y alcaldes. Pero, dado que esta fue la decisión del Gobierno, uno suponía que, si se cumple con ejecutar el enorme presupuesto aprobado, este año deberíamos estar siendo testigos de un auge impresionante de la infraestructura pública, principalmente a nivel local.
Pero anticipé que sería difícil que se pudiera cumplir con los requisitos establecidos para asegurar la calidad de las obras y la probidad en el uso de los fondos públicos. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo son responsables de crear el nudo que ahora imposibilita la ejecución de las obras, al menos durante este año, lo que llevó a proponer sendas iniciativas similares, una de diputados oficialistas del Movimiento Semilla, y otra de diputados de la oposición quienes con mayoría de dos tercios de votos aprobaron el decreto 7-2025, que favorece incumplir requisitos así como trasladar los fondos no usados al 2026; y, que los confronta en una medición de fuerzas que determinará el futuro político del país.
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