Reflexiones sobre el deber ser
Vitales desafíos institucionales
La juventud se expresó con elocuencia en los comicios de 2023.
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El proceso de democratización de Guatemala, iniciado el 30 de junio de 1983, día en que se instaló el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y fue juramentada y tomó posesión la primera magistratura del TSE, con gran regocijo y esperanza, lejos de evolucionar hacia una democracia institucional sólida y funcional, ha venido siendo socavado hasta sus cimientos, al extremo de que los enemigos de la democracia, con absoluta desfachatez, ya anuncian o propugnan por su inexorable colapso.
El régimen de gobierno ya no es reconocido ni siquiera como una democracia disfuncional, sino que es calificado como uno híbrido que avanza hacia una autocracia, cuyo sustrato sería una mafiocracia, que ya ha secuestrado una gran porción del sector público y ha venido desmontando la institucionalidad democrática a base de alentar la concentración y abuso de poder, el irrespeto de los derechos humanos, el envilecimiento de la justicia oficial, la perversión de la acción política, la guerra jurídica (lawfare), la criminalización de disidentes, críticos y opositores, así como la corrupción institucionalizada, el clientelismo politiquero, la propaganda del odio y la impunidad.
No comparto con los enemigos de la democracia que el proceso democratizador se encuentre en sus estertores, aunque reconozco que ha sufrido una erosión significativa, debido a la insaciable codicia de la caquistocracia (gobierno de los peores), que ha degenerado en una mafiocracia, así como a la impunidad de la delincuencia organizada transnacional, que ha venido corrompiendo y esclavizando a la población. En mi opinión, la democracia liberal es rescatable por la ciudadanía consciente, especialmente por la patriótica juventud que, con entusiasmo y valor cívico, se expresó elocuentemente en los comicios de 2023, a través del sufragio.
El TSE debe recuperar su independencia, prestigio y el pleno ejercicio de la jurisdicción político-electoral, así como depurar el sistema de partidos.
Coyunturalmente, en 2026, nuestra sociedad tiene importantes desafíos institucionales, de los cuales depende que la democracia tome un nuevo impulso o sucumba, a saber: (i) Designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC); (ii) elección de magistrados del TSE; (iii) nombramiento de fiscal general (FG); y (iv) elección de contralor general de Cuentas (CGC). En todo caso, la renovación de este funcionariado será clave para que el proceso electoral que se convocará en 2027 sea creíble, transparente y confiable.
La supremacía, inviolabilidad y aplicación fiel de la Constitución son contrarias a la socorrida protección de la gobernabilidad o defensa de un ambiguo e indeterminado orden constitucional, que habilitan una suerte de interpretación sin límites (excesivo activismo judicial) o hacen valer un seudoeficaz realismo jurídico (decisiones judiciales con, sin y contra la ley), que aseguran la dominación política y la ausencia de justicia. Por lo tanto, debe regir una estricta constitucionalidad, la resolución garantista y pacífica de los conflictos, así como la imparcialidad y responsabilidad del juzgador. De ahí la importancia de que se instale una magistratura de la CC que, además de decente, competente e independiente, tenga esta fundamental orientación jurisprudencial.
Por otro lado, el TSE debe recuperar su independencia, prestigio y el pleno ejercicio de la jurisdicción político-electoral, así como depurar el sistema de partidos. Con tal fin, la elección de sus magistrados debe despolitizarse y regirse por el mérito, en lo que deben comprometerse postuladores y electores. Esto último también es aplicable a la designación de FG y CGC, con miras a garantizar su institucionalidad y una insoslayable rendición de cuentas.
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