Los desastres físicos y de salud continúan. Esta tendencia ha sido impulsada por el crecimiento de la población y el mal manejo del país en lo urbano, rural, climático y salud. Lo que está produciendo daños económicos a millones de personas, con los huracanes, el covid-19 y la destrucción urbano-rural.

Estamos ante un Estado frágil, afectado por conflictos internos, con falta de una organización territorial y de servicios sociales, regional, nacional. Los servicios, en general, deben ser el resultado del trabajo para satisfacer las necesidades de las personas en lo material o intangible, que mueven gran parte de la actividad económica. Los servicios importantes que tenemos son la Dirección de Servicio Social, cuyo objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza y extrema pobreza, y atender los problemas de las desigualdades sociales a través del presupuesto general del Estado, ese que está en crisis política.

La crisis política se inició cuando la mayor crítica de la población sobre la distribución de los recursos del presupuesto al sector económico con proyectos por medio de alianzas público-privadas (APP), mientras más de la mitad de la población vive en pobreza, en zonas inundadas y han perdido sus cosechas. Por lo que gran parte de la población guatemalteca autóctona y ladina protesta y agrava la decisión gubernamental al autorizar, sin consulta previa, la exploración y explotación de bienes naturales en territorios habitados por comunidades indígenas afectadas por los huracanes.

La aprobación de este presupuesto provocó multitudinarias manifestaciones a nivel nacional. Finalmente, se dio marcha atrás a este presupuesto de US$12,800 millones, el mayor en la historia del país, y fue repudiado. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) lo señala como detonante de la conflictividad y la violación al acceso a la información por parte del Gobierno.

De manera alarmante, el número total de desastres y pérdidas económicas asociadas a estos casos continúa aumentando, donde más de la mitad de las personas sufren impactos viviendo dentro de un Gobierno frágil, afectado por conflictos. De una población que sigue siendo débil en un 70%, que le impide su desarrollo económico y social.

Tal es el caso, que Giammattei pidió ayuda a la OEA, lo que ha generado oposición hasta en la figura del vicepresidente Guillermo Castillo (¿?), y de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, después de las manifestaciones, está corrigiendo todos sus errores. Mientras, la Plaza se volvió a llenar este sábado 5/12/2020.

La OEA mencionó como determinantes para esta crisis política la corrupción y la impunidad, la transparencia en asuntos públicos, así como la forma en que se aprobó el presupuesto del 2021 en el Congreso, donde la conflictividad social fue mucho más contundente en sectores como educación, salud y las infraestructuras (Banco Mundial).

Los hechos ocurridos durante dos sábados seguidos y con la convocatoria para manifestar entre estudiantes de las universidades, movimiento de mujeres y de organizaciones indígenas, bajo el lema “El pueblo presente no tiene presidente”. El presidente Alejandro Giammattei y ahora el vicepresidente, Guillermo Castillo (¿?), salen juntos en declaración a medios desde la Casa Presidencial, en un afán de aliviar la situación político-social, 4/12/2020.

Pero no será el fin de los problemas para el presidente, quien apenas lleva 10 meses en el poder y ya ha visto su popularidad caer un 30% (BBC).