No sin tropiezos y vicisitudes, los guatemaltecos y sus instituciones han cruzado un puente, que imagino como aquellos tendidos sobre un barranco, para paso de peatones, que cuelgan de dos cables paralelos anclados a postes robustos en cada uno de los extremos. Un puente que, mientras los guatemaltecos lo atravesaban, fue azotado por vientos tormentosos. Pero, aguantó, y los ciudadanos de esta república han logrado cruzarlo.

Todos y cada uno tienen expectativas sobre el nuevo gobierno, la nueva legislatura y demás instituciones del Estado. Algunos van a exigir del Gobierno cosas razonables, porque coinciden con alguna noción de “bien común”, y otros, no. Casi todos van a intentar justificar sus exigencias en que merecen algún tipo de resarcimiento o en que sus reivindicaciones son válidas por una u otra razón. Muchas veces, porque han sido víctimas de circunstancias históricas o porque, simplemente, son pobres. Los votos de la mayoría de los ciudadanos han dado a este gobierno el mandato de determinar, dentro del marco de la Constitución y las leyes, cuáles de esas exigencias son válidas y en qué orden de prioridades deben colocarlas.

Ahora bien, ni este ni cualquier otro gobierno, por legítimo que sea —y lo es— puede escapar a ciertas realidades de la condición humana. Quizás las más importantes sean que la atención de cualquier exigencia de cualquier sector de la población tiene un coste de oportunidad, porque los recursos que a ella se dediquen ya no están disponibles para otras. Así, la clave está en una gestión eficiente de los recursos disponibles y en adoptar medidas que permitan hacer crecer esos recursos.

Y, en ese sentido, no puede prescindirse de dos objetivos estratégicos, a saber: primero, mantener las inversiones existentes, que ya generan empleo, impuestos, consumo y ahorro, y, segundo, atraer más inversiones para que todo eso crezca. Las condiciones para mantener e incrementar las inversiones son muchas; empero, la seguridad jurídica, la protección de los derechos de propiedad privada, la libertad de empresa, márgenes de utilidad interesantes y la estabilidad política son indispensables.

Ahora bien, la estabilidad política está relacionada, entre otras cosas, con el principio de solidaridad subsidiaria, y en esto es necesario comprender dos cosas sumamente importantes. La primera es que la solidaridad por sí misma no genera crecimiento económico. Solo cuando los empresarios procuran maximizar sus utilidades, aprovechando con máxima eficiencia todos los factores de la producción de bienes y servicios, crece la economía y eso da lugar a que, hasta cierto punto, se graven las utilidades generadas para financiar proyectos de solidaridad social. El buey es el crecimiento económico y la carreta la seguridad social, no al revés.

La segunda cosa es que esas condiciones para mantener e incrementar las inversiones funcionan como un “paquete”. Un empresario puede preferir invertir en un país en que su margen de utilidad sea menor, a cambio de mayor seguridad jurídica y personal, por ejemplo, o en otro que ofrezca menores márgenes de utilidad a cambio, por ejemplo, de respetar y proteger mejor la libertad y la dignidad de las personas.

Digo que es muy importante entender esto, pues actualmente muchos de los elementos principales del “paquete Guatemala” están mal. Así, antes de aprobar más impuestos o cargas a las empresas, si se busca mantener las inversiones existentes y atraer todavía más, primero sería necesario mejorar lo suficiente otros elementos del paquete. Creo que, de tener éxito en eso, el gobierno que ahora empieza su andadura bien pudiera pasar a la historia. Ojalá.