Aparentemente quedan excluidas de discusión y aprobación todas las propuestas de ley que requieran mayoría para ser aprobadas, como las reformas a la Ley Orgánica del Banco de Guatemala o la Ley Electoral y de Partidos Políticos. (elPeriódico, 10/11/2001). Esto nos hace pensar que los diputados se concentrarán en el estudio y análisis de otros proyectos de ley que no requieran mayoría, pero no por ello menos importantes, como el del Presupuesto General del Estado para el 2002.

Resultaría positivo que los diputados se concentraran en este proyecto de ley, puesto que ?los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de una estrategia de desarrollo económico y social?.

Sin embargo, es desalentador que las diferencias políticas y personales entre los diputados se antepongan al verdadero trabajo legislativo y se deje por un lado el estudio y discusión de otros proyectos de ley que se han presentado a lo largo del año, de cuya aprobación o no dependan muchas decisiones de actores públicos y privados.

Ante de que concluya el actual período legislativo los congresistas podrían dedicarle el tiempo necesario para definir una agenda mínima de trabajo para 2002, año que aún constituye una oportunidad para llevar a cabo un trabajo legislativo de calidad que represente un avance del país en su conjunto hacia el desarrollo integral, antes de que se inicie la próxima campaña electoral, y que el Congreso se convierta en un campo de batalla o en un desierto.

Durante los años 2000 y 2001 han resaltado problemas tales como la falta de transparencia en la administración pública; se ha cuestionado la falta de cumplimiento de requisitos y calidades de algunos funcionarios para ocupar cargos; aparentemente se ha abusado del renglón 029 del Presupuesto; la eficacia del trabajo de la Contraloría de Cuentas se ha puesto en duda; la corrupción en las compras y contrataciones han sido noticia de todas las semanas.

Estos y otros problemas tienen en común un marco regulatorio demasiado antiguo, que ya no responde a nuestra realidad y necesidades; con lagunas legales y normas ambiguas que dificultan su aplicación; requisitos para ocupar puestos que ya no se ajustan a las exigencias de la administración pública moderna; falta de controles y sanciones, desarticulación con la Constitución Política y con el resto del ordenamiento legal; que permite el nepotismo, la corrupción, el mal uso de los fondos y la impunidad, y que ha resultado en el debilitamiento de las instituciones.

Por lo anterior, podría pensarse que la agenda del 2002 se enmarque en la modernización del Estado. Claro está que a la actual legislatura le sería difícil abarcar toda la legislación que regula a la administración pública, pero podrían sentarse las bases para que se continuara con dicha gestión en el próximo período, y centrarse en la discusión de temas puntuales como la Ley de Servicio Civil, en la que se regule adecuadamente el renglón 029 o se elimine; la contratación de bienes y servicios en forma más ágil y transparente a través de la Ley de Contrataciones del Estado; la modernización de la Contraloría General de Cuentas; la transformación del Ministerio Público en un verdadero ente de apoyo al sistema de justicia.

Modernizar al estado guatemalteco significa pasar del estado del legalista, centralizado y paternalista, al estado de Derecho, subsidiario, que apoya al individuo, garantiza la libertad y la propiedad, y promueve el ejercicio de los derechos ciudadanos. De entender la importancia de la modernización, los congresistas tendrán una gran responsabilidad de discutir, por lo menos una vez en nuestra historia, una agenda mínima, pero importante y urgente, para el desarrollo del país.