En un hecho sospechoso por su celeridad y poca transparencia, pero además ilegal, la junta directiva del parlamento nacional emitió el martes el acuerdo 10-2015, por medio del cual crea el Centro de Estudios Legislativos del Congreso de la República Miguel Ángel Asturias, que dependerá directamente de la presidencia de ese organismo para, supuestamente, fortalecer la formación académica, legislativa y política de los diputados.

Ese ente podrá, además, acreditar a los diputados con doctorados, maestrías, diplomados, jornadas temáticas, talleres, conferencias y cursos técnicos, en la colaboración con cualquiera de las universidades de Guatemala. La temática será decidida por un consejo político a cargo del presidente del Congreso, organismo encargado de aprobar a su entera voluntad el presupuesto, que no se especifica en ninguna parte.

El proyecto fue presentado por el diputado de Libertad Democrática Renovada no reelecto Carlos Herrera, y la directiva lo apoyó sin discusión, cabildeo ni conocimiento del pleno, que debió haberlo aprobado. Las preguntas de periodistas fueron respondidas con evasivas; solo se supo que había un voto razonado. El ponente aseguró que le vino la idea al enterarse de que en Perú, México y El Salvador existen entidades semejantes.

La directiva del Congreso no tiene facultad legal para crear un ente de esta naturaleza, que anula todos los convenios existentes con cualquier universidad. La evidente idea detrás de esto es convertir a ese centro en escondrijo para diputados no reelectos, que actuarán como profesores, asesores, etcétera.

Los directivos no quisieron obedecer el precepto legal de que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les atribuye y les ordena o indica. Por aparte, aunque el acuerdo dice que entrará en vigor “inmediatamente”, es al nuevo Congreso, que empezará a funcionar en enero, al que le tocará decidir si lo pone en práctica y le asigna recursos. Esto dependerá de cómo quede integrada la nueva directiva.

La acción tomada por la cúpula del Legislativo hace que se exceda en sus funciones, y toca peligrosamente el nefasto tráfico de influencias en la emisión de leyes. En todo caso es a las universidades a las que compete decidir si comparten la tarea de la preparación de cursos. Igualmente claro es que la capacitación, en todo caso, es una tarea que debe cumplirse fuera de las instituciones públicas y sin el uso del dinero asignado a estas.

En resumen, queda demostrado de nuevo que en el interior de las instituciones del Estado persiste la permanencia de personas divorciadas de la realidad, que se niegan a ver que los cambios en la sociedad guatemalteca incluyen la presión ciudadana para que entes como el creado no sean avalados, pero sobre todo esa acción debe abrir una investigación exhaustiva para descubrir, analizar y luego mantener o eliminar el gasto en instituciones superfluas, sino escondidas del conocimiento público. El rechazo popular a este centro de estudios legislativos es consecuencia de la actitud expectante, aunque silenciosa, de una población que con su presencia en las plazas dio una lección que algunos políticos se niegan a admitir.