La violencia homicida en el transporte público no solo es una injusta e ilegal sentencia para sus principales víctimas, sino también representa devastadoras consecuencias para toda la sociedad, como la cauda de viudas y huérfanos que se quedan en el total desamparo cuando muere el único sostén de la familia y las madres se ven obligadas a dejar a los menores al cuidado de otros o incluso solos durante buena parte del día. Además de ser indignante la elevada cantidad de muertes violentas que en el país se registran cada año, impacta de manera creciente en los indicadores de desarrollo social.

Cuando un piloto es asesinado, lo cual desafortunadamente ocurre en promedio de uno cada semana, se evidencia la vulnerabilidad del sistema de justicia porque, en primer lugar, queda al desnudo la enorme incapacidad estatal para ponerle freno a esa despiadada violencia, producto de las extorsiones, pero también las carencias para brindar apoyo a los familiares, que quedan en absoluta indefensión.

Se han lanzado ofrecimientos de un seguro que nunca llega a ser efectivo, y probablemente ocurrirá lo mismo con otros tipos de ayuda. Para ninguna de estas mujeres y sus hijos la vida volverá a ser igual, y para la gran mayoría empezará una pesadilla, que causa en los pequeños traumas psicológicos, bajo rendimiento escolar y perspectivas muy pobres de desarrollo, sin que los defensores de derechos humanos protesten con la misma vehemencia con que lo hacen en otros casos.

En lo que va del año han perdido la vida 62 pilotos, y también debe recordarse que en el 2014 el número de víctimas fatales por ataques armados alcanzó las 102. Pero no solo los conductores han sido víctimas directas de estas agresiones desalmadas. Hasta el pasado 3 de diciembre se reportaban 131 personas heridas en ataques a unidades de transporte, una estadística que tiene, además, graves implicaciones en el sistema de Salud.

Es obvio que el Estado debe emprender acciones, principalmente para frenar la violencia, porque los recursos económicos nunca serán suficientes para atender el drama de las víctimas colaterales. Por otra parte se hace necesario un esfuerzo público y privado por atender a los infantes que pasan a la orfandad, ya sea a través de asistencia económica, becas de estudios, provisión de útiles escolares o alimentos, por mencionar necesidades ingentes.

Eso sí, ningún gobierno podrá darle una respuesta debida a las víctimas colaterales de la violencia contra el transporte urbano si no se empieza por combatir ese flagelo, y un primer paso debe ser el tecnológico: las compañías prestadoras de servicios telefónicos deben contribuir a eliminar las llamadas salientes desde las cárceles, que se han convertido en verdaderos centros logísticos del mal.

Así también, la inteligencia civil del Estado debe dejar de monitorear asuntos triviales como las opiniones periodísticas o protestas ciudadanas, y dedicarse a documentar los principales focos, cabecillas y tácticas de tan deleznables ataques. El gobierno entrante tiene la oportunidad de emprender acciones concretas y efectivas para marcar una diferencia.