La historiografía llegará en algún momento a trazar divisiones de estudio para analizar el devenir nacional de la llamada era democrática, que se inició con la Asamblea Nacional Constituyente de 1984 y que en estas tres décadas podría dividirse, tentativamente, en tres períodos. Estos son: los albores, que duran hasta el malhadado serranazo de 1993; la negociación, firma y proceso de paz, que por inercia se extiende casi dos décadas, y el degenere en la administración pública que desembocó en una incontrolable corrupción.

Una lógica consecuencia de ese desgobierno provocó el surgimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que debió lidiar con el abuso de poder y la penetración criminal del Estado, lo cual a su vez fue la semilla para un despertar ciudadano que respaldó con manifestaciones masivas la lucha contra la corrupción.

Este momento se caracteriza por el encarcelamiento de altos funcionarios y el desaparecimiento de organizaciones políticas otrora poderosas, pero también por la definición de dos posturas distintas, con perspectivas encontradas, cuya prevalencia de una sobre la otra marcará el futuro del país.

Por un lado se ubican quienes respaldan la legalidad y los esfuerzos que impulsan el Ministerio Público y la Cicig. En el otro extremo están quienes buscan erosionar la credibilidad de las autoridades y se han dado a la tarea de lanzar campañas de desprestigio y descalificación, con ingentes recursos, en defensa de intereses específicos, muchos perversos.

En la primera perspectiva también se ubica la diplomacia y organismos internacionales que encuentran en la lucha anticorrupción el fundamento para el desarrollo del país y la transformación del Estado, que ha sido cooptado en todas sus estructuras.

Ayer, el representante para la región de la Oficina contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés), Amado Fhilip, afirmó que Guatemala vive una “verdadera primavera” contra la corrupción, aunque lo más exacto sería decir que es un proyecto que apenas avanza en su etapa inicial, todo a partir de la llegada del comisionado Iván Velásquez, pues antes de él fueron apenas amagos contra las poderosas redes criminales, estructuras con claras ramificaciones que hacen mucho más ardua la batalla.

Son pocos los que tienen plena conciencia de lo crucial que es para los guatemaltecos que ese esfuerzo no solo continúe, sino se fortalezca, pues del otro lado del espectro se encuentran las mafias, los políticos inescrupulosos, los defensores de poderes fácticos y, por supuesto, muchas de las figuras políticas defenestradas y encarceladas, que aún desde este encierro no pierden oportunidad de aupar la impunidad, incluso con ataques a la prensa independiente.

El temor a esa pérdida de privilegios ha puesto en movimiento a muchos verdaderos delincuentes de cuello blanco, quienes de forma displicente reparten recursos para minar el prestigio del comisionado Iván Velásquez y de la fiscal Thelma Aldana, porque saben que su éxito inevitablemente repercutirá en la recuperación de las instituciones y para ellos, en la pérdida de privilegios.