Muchas iniciativas impulsadas por el Gobierno son la palpable evidencia de un inusitado atrevimiento, marcado por la improvisación, o un claro temor ante el fortalecimiento de instituciones fundamentales para el combate de la corrupción y la impunidad.

Esos vaivenes son hasta cierto punto normales cuando bajo el signo del abuso de poder se busca consolidar sistemas antidemocráticos y se empieza por descabezar entidades importantes o la cooptación de otras para hacer muy difícil el funcionamiento de otros poderes del Estado.

Sin embargo, todo eso es un proceso que no puede pasar inadvertido para muchos otros sectores, en especial para quienes tienen en sus manos la posibilidad de incidir en ayuda económica o de seguridad para sentar las bases del desarrollo y que al final no pueden quedar impasibles cuando se hace notorio el deterioro de la institucionalidad, lo cual solo puede ser posible en la mente de un reducido grupo de beneficiados hasta que se hace notoria la anomalía.

La semana pasada estuvo en Guatemala el senador demócrata estadounidense Tom Carper, representante por Delaware, y su visita pasó relativamente inadvertida, pero lo que posteriormente escribió en su cuenta de Twitter pone en perspectiva esa otra percepción existente en el exterior sobre los actuales acontecimientos en Guatemala.

De manera especial puntualizó sobre las acciones emprendidas por un gobierno que hace mayúsculos esfuerzos por desbaratar la lucha contra la corrupción. Escribió Carper: “Mis colegas y yo nos reunimos con el presidente guatemalteco Jimmy Morales para instarle a que persiga políticas que protejan los derechos humanos, fortalezcan la rendición de cuentas y defiendan las instituciones democráticas”.

Otro de sus mensajes dice “Tuve una reunión informativa con la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el fiscal especial Francisco Sandoval sobre por qué es tan importante para la integridad estructural de una democracia apoyar el estado de Derecho. Juntos, podemos y debemos defender la lucha contra la corrupción”.
Como ha sido habitual con la mayoría de los funcionarios del actual gobierno, el vicecanciller Pablo García fue el primero en reaccionar, al declarar que “nuestro país no acepta presiones”, una reacción similar a la que días antes había mostrado el vicepresidente Jafeth Cabrera, al rechazar el llamado del Departamento de Estado de no aprobar la Ley de Reconciliación Nacional, por considerarla una amnistía a personas condenadas por crímenes graves.

Como sucede habitualmente en el mundo diplomático, las reacciones suelen ser tardías ante el abuso de los gobernantes, como ocurrió en su momento en Venezuela, que ahora tiene al mundo volcado sobre esa crisis, y luego también con Nicaragua, donde los desmanes de Ortega han espantado incluso a los inquilinos de la Casa Blanca.

Ayer, en el Parlamento Europeo se leyó un informe sobre la situación en Nicaragua y Guatemala y se pidieron sanciones si continúa la “deriva totalitaria” de los Ortega y “aplicar más contundencia que diplomacia” si en nuestro país empeora la situación.

Lamentablemente, la clara percepción que existe interna y externamente suele verse como injerencia y esa miopía solo logrará que cada vez sea mayor la ya fuerte presión internacional.