Llevamos 35 años de democracia electoral, y el tema de la educación continúa, en esencia, desatendido. El mandato constitucional de proveer educación universal y gratuita enfrenta hoy obstáculos desde muchos frentes: limitaciones de presupuesto, falta de capacidad técnica, rigidez en legislación y proceso administrativo, poca habilidad para negociar eficazmente sobre temas gremiales, son solo algunas de las situaciones que impiden que la población en general goce de un servicio de calidad que promueva una verdadera transformación a nivel social. Es necesario hacer una revisión fundamental de la labor del Estado en esta área.

Guatemala tiene uno de los porcentajes más bajos de gasto público en educación. Según el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, Finlandia invirtió en el 2017 el 10.1 de su PIB en educación versus un 2.8 en nuestro caso. Pero no se trata simplemente de un aumento cuantitativo de recursos. Es necesaria una transformación radical de la visión que se tiene sobre la administración de los mismos. No podemos continuar enfocando el grueso de los esfuerzos en el funcionamiento continuado del sistema, apuntalando la estructura y dando gracias que aún sigue en pie. Es necesario replantearse completamente las estrategias.
Ciertamente hay temas que ya eran evidentes desde hace mucho: cobertura deficiente, infraestructura pobre y mal mantenida, déficit de docentes calificados. Esto apunta a falta de voluntad política y falta de acuerdos entre diversos sectores.

Es indispensable que como Estado desarrollemos vías funcionales para asegurar la calidad del magisterio. Un sistema con maestros desmotivados y desatendidos que se aferran a una plaza como tabla salvavidas no puede transformarse efectivamente. Por un lado, nuestro sistema no promueve la profesionalización constante del magisterio. Como resultado, la carrera de docencia pública no resulta atractiva para los profesionales que el sistema demanda. Si agregamos a esto la incapacidad de las autoridades para efectuar una supervisión y acompañamiento continuos y efectivos a los docentes, la receta es explosiva.

Los impuestos invertidos en educación nunca son un gasto, sino una inversión. Hacer efectivo el sistema implica necesariamente un acuerdo a escala nacional. Las necesidades y valores de diversos grupos pueden ser distintos, incluso contrarios. Pero en educación puede haber acuerdos básicos. Una población educada para la productividad, la competitividad y el estado de Derecho es de beneficio para todos los sectores. Esto necesita de una intervención general que vuelva el sistema más dinámico: revisar las regulaciones del escalafón docente, agilizar la inversión en infraestructura de acuerdo a criterios técnicos educativos y evaluar la vigencia de las estructuras en el sistema formal —preprimaria a superior, inclusive— son solo algunos de los pasos radicales que debemos atrevernos a dar si queremos que se inicie un proceso que no se mide en años ni períodos de gobierno, sino en generaciones. Es precisamente porque los cambios son de tan largo plazo, que son verdaderamente urgentes. Finlandia no se logró de la noche a la mañana, pero en educación lo que sembremos en las próximas tres generaciones puede ser vital para el futuro del país.