El saldo trágico de un muerto, heridos y capturados en el desalojo policial de ayer en los bloqueos de los ex patrulleros de Defensa Civil en la ruta al Atlántico tiene claramente un responsable: el Gobierno, que ha dado largas a una demanda que se convirtió en peligroso juego político, en lugar de cortarlo de tajo desde el primer brote en Petén, con la facultad que le concede la ley.

Es doloroso que la insensata manipulación política de la demanda de resarcimiento de los ex PAC haya cobrado una vida humana. Y es condenable que ocurra cuando el presidente de la República ha tenido la luz de numerosas voces que le han advertido de lo riesgoso de estar jugando con un fuego alimentado por personas obcecadas en obtener un pago de dudosa legitimidad y discutible merecimiento.

El procedimiento policial usado ayer para despejar la carretera de Izabal es lo menos que podía hacer el Estado para restablecer el derecho a la libre locomoción y la paz pública, seriamente erosionada por individuos que se colocaron abiertamente al margen de la ley.

En atrevido desafío a toda la sociedad, los ex PAC han venido desarrollando diversas acciones que tienen secuestrados a todos los guatemaltecos, por la debilidad, la anarquía y el juego político del Gobierno.

Se critica, sin embargo, que el desalojo haya sido tardío, pues tres días de bloqueos han ocasionado enormes pérdidas económicas al comercio, la industria y el turismo, y a miles de guatemaltecos que quedaron varados. No debió analizarse demasiado el atacar un hecho de evidente ilegalidad.

Ese desalojo hace reflexionar de que si la Policía hubiese actuado igual el 17 de junio, en el bloqueo de Petén, los ex PAC habrían entendido que existe una autoridad legítimamente constituida, a la que no se le debería sobar la cara, humillarla y acorralarla, como ahora ocurre. Es obvio que no se procedió, porque aquel movimiento tuvo su origen en las mismas entrañas del partido oficial, como parte de una amplia estrategia electoral del eferregismo, ahora develada.

Pero aquella tolerancia hizo creer a los ex PAC que pueden hacer lo que se les venga en gana y sentirse amos y señores sobre doce millones de habitantes del país que ahora sufren sus tropelías. Tal condescendencia, además, ya es invocada por otros sectores, como los campesinos, para reclamar con medidas de hecho el cumplimiento de las promesas presidenciales.

Está ardiendo, pues, el fuego de las ex PAC atizado por Portillo, y es real el riesgo de que crezca y devore la institucionalidad. Lo malo es que las llamas alcanzan a muchos ajenos a los desaciertos en la conducción del Estado.

Es tiempo de que Portillo evalúe su estrategia, porque se debilita su apoyo en las ex PAC y el resto de guatemaltecos está furioso porque sufre en carne propia las numerosas expresiones de la ingobernabilidad. Esto, en buen chapín, es quedarse sin el plato y sin la cena.