El presidente Alfonso Portillo inauguró ayer el Consejo Nacional por la Transparencia y contra la Corrupción, en una acción que, debido a la forma como se ha comportado el actual régimen en este campo, no se le puede dar una bienvenida entusiasta.

En efecto, dicha comisión es parte de las promesas hechas por el Gobierno durante la reunión del grupo consultivo de los países amigos del proceso de paz, realizada durante febrero pasado en Washington, y tiene la colaboración técnica del Banco Mundial, así como del Gobierno noruego, que aportó cien mil dólares, y que en esa forma vuelve a manifestarse como un aliado bien intencionado en todos los asuntos referentes a los acuerdos de paz.

La primera tarea de los integrantes de dicha comisión debe ser la de dar inobjetables pruebas de su independencia del Gobierno. Los cinco escogidos son personas que tienen relación con asuntos de derechos humanos, con los cuales el tema de la corrupción está íntimamente ligado, pero además tienen un prestigio personal que cuidar. No se ha sabido cuáles son las condiciones que hayan presentado para aceptar los cargos, pero tienen la obligación de separarse de inmediato en el caso de que adviertan la falta de voluntad política del régimen de cumplir con los fines con los que se crea ese nuevo ente.

La posición de algunos representantes de la comunidad internacional demuestra que hay un cauteloso entusiasmo. El jefe de Minugua, Tom Königs, indicó que la tarea de la comisión recién creada debe extenderse a fiscalizar las transferencias millonarias que se le han otorgado al Ejército. El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Stephen McFarland, señaló que es necesario localizar, despedir y consignar a la justicia a los funcionarios corruptos.

Ciertamente, como señaló el presidente Portillo, la corrupción se da también en el sector privado cuando se confabula con el sector público, pero en el momento actual es necesario empezar con la investigación de este último. Y para lograrlo se necesita una actitud de valentía cívica de parte de los integrantes de la comisión, que de no realizar su tarea con la responsabilidad que la historia les señala, serán recordados como parte del grupo que, en otras instituciones, ha puesto su prestigio personal al servicio de los espurios intereses precisamente de quienes utilizan a la corrupción como la forma fácil de enriquecimiento no sólo ilícito sino inmoral.

Muy pronto, el tiempo dirá si la comisión es en realidad independiente. Sus integrantes deben tener claro que reciben el apoyo no sólo de los ciudadanos guatemaltecos, sino también de esos países amigos que cada vez muestran con mayor claridad su descontento por la forma como ocurren las cosas en Guatemala. La exigencia de resultados prontos es plenamente válida, así como la de otorgarle fondos -y la manera de trabajar- a una institución que debió haberse creado hace mucho tiempo.