Sin duda, la noticia más importante del 2015 es la renuncia y apertura del juicio contra Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y varios de sus más cercanos colaboradores. Fue un hecho inimaginable hace un año y sin precedentes en la historia de la democracia guatemalteca. Estos acontecimientos, que fueron noticia este año, pronto serán causa de estudio, por su trascendencia y por lo que desencadenaron.

El gobierno patriotista cayó porque cometió graves errores, así como abusos políticos y administrativos. De ambos, el determinante es el político, particularmente en lo relacionado con la comunidad internacional, porque desafió al orden hemisférico desde el 2013, cuando anunció su propuesta de despenalizar las drogas y se negó sistemáticamente a recapacitar, pese a las claras y constantes peticiones contrarias recibidas.

Los hechos ocurridos entre enero y mayo del año que termina sustentan esta teoría. Visitas de funcionarios estadounidenses de alto nivel precedieron a la lamentable pero inevitable caída del régimen, que polemizaba con una idea posiblemente renovadora pero inconveniente para la política estadounidense de control de drogas.

Mientras esto ocurría, el desborde de la corrupción marcó la ruta para el descalabro total: los ciudadanos se hartaron del abusivo e incontrolable saqueo que al final exacerbó los ánimos, por la ostentación y el cinismo con que se manejaba el tema político interno.

La resistencia a prolongar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue aglutinando a los sectores, y cuando finalmente el presidente anunció, en marzo, que pediría la continuación de esa entidad, la suerte del Gobierno —se entiende hoy— estaba echada, más por sus excesos que por ningún otro factor. Primero cayó el secretario privado de la Vicepresidencia Juan Carlos Monzón, cuando se develó la trama de La Línea; luego la vicepresidenta Baldetti renunció en mayo, para ser capturada en agosto, y Pérez Molina lo hizo en septiembre.

Se encadenan con esta secuencia de gravísimos hechos políticos dos factores novedosos. Primero, la presión de la comunidad internacional, que por un momento respaldó a Pérez Molina para que no renunciara, pero cambió de parecer cuando la Cicig reveló detalles escandalosos de la corrupción. Cuota especial de este tema la lleva Estados Unidos, que fue determinante en el rumbo de los hechos. Segundo, el movimiento ciudadano, que con sus manifestaciones públicas, moderadas pero firmes, creó el ambiente para consumar el cambio de gobierno, hoy en manos de Alejandro Maldonado Aguirre.

Lamentablemente, la caída del régimen aún no ha resuelto la corrupción, la evasión fiscal ni el rechazo ciudadano a los políticos. Quizá los avances están en el Sistema Judicial, que ha dado muestras de poder funcionar. Como corolario, vale sentenciar que los políticos y la sociedad deben entender que Guatemala merece un mejor futuro, aunque lo ocurrido en este 2015 se deba repetir una y otra vez. El futuro de las generaciones jóvenes lo reclama, y el próximo 2016 debe marcar la continuación de los movimientos sociales del año que hoy termina.