El canal Caracol de la televisión colombiana transmitió la semana pasada un impresionante documental del terrible suceso acaecido el 6 de noviembre de 1985, en Bogotá, que culminó con el asesinato de cien personas, entre las que se contaron veinte magistrados de la Corte Suprema de ese país, casi todos los guerrilleros que habían tomado por asalto el Palacio de Justicia, y otras personas más.

Pese a la timidez acusatoria del documental, por ausencia de señalamiento directo de responsabilidad contra el presidente Belisario Betancur, ese trabajo periodístico no deja dudas de que el incendio, desatado a tiros y cañonazos, no se habría producido si no hubiese sido por las acciones militares utilizadas para acabar con los guerrilleros que habían tomado por asalto el edificio y tenían a los magistrados y miembros del personal administrativo como rehenes.

Transcurrieron años de impunidad favorable a los autores de ese crimen de Estado, hasta que fiscales y tribunales de justicia se atrevieron a condenar a algunos de los militares directamente responsables por la matanza; pero, no tuvieron la altura necesaria para condenar al presidente Betancur quien, léase esto, tiempo después admitió su culpa y declaró que todo lo hizo en un afán “por lograr la paz en Colombia”. Sin embargo, los varios procesos contra él han terminado con increíbles absoluciones, no obstante estar suficientemente probado que el acorralado presidente de la Corte Suprema de Justicia lo llamó por teléfono y le rogó ordenar el retiro de policías y soldados y el jefe del ejecutivo no atendió esa petición. ¿Cómo puede, entonces, ser inocente?

La semana pasada, con motivo del 30 aniversario de ese desgraciado suceso, el presidente actual de Colombia, general Juan Manuel Santos, quien anteriormente ocupó el cargo de ministro de la Defensa, pidió perdón a las familias de las víctimas, no por voluntad propia sino en acatamiento a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha condenado, sin reservas, al Estado colombiano por la terrible matanza. Betancur también ha comparecido públicamente a pedir perdón porque sabe, ha dicho, que sus actuaciones en el caso citado, “causaron dolor”.

La prensa colombiana llama holocausto a la masacre cometida por el Ejército. Una palabra quemante que designa a las grandes matanzas de seres humanos. Recuerda el asesinato de millones de judíos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

El holocausto colombiano tiene similitud con la quema de la embajada de España en Guatemala provocado por policías nacionales el jueves 31 de enero de 1980, que causó la muerte de 37 personas, incluidos ilustres guatemaltecos que estaban de visita en esa sede diplomática, miembros del personal de la embajada y campesinos y estudiantes universitarios que la habían invadido con fines esencialmente políticos. Pretendían lanzar un mensaje al mundo acerca de las atrocidades que, en su opinión, los Gobiernos de Guatemala cometían contra la población.

En Guatemala el embajador español llamó por teléfono a la Cancillería guatemalteca y le pidió intervenir para que se ordenara a los policías salir de la embajada. Y no fue escuchado. De lo contrario, la matanza se habría evitado.

Se parecen también en que uno, algunos o todos de los sobrevivientes fueron detenidos, después torturados y, finalmente, asesinados.

Pero, son exactamente iguales, en cuanto a que muestran el espantoso rostro del terrorismo de Estado, aplicado por funcionarios y empleados públicos que no tienen el más mínimo respeto a la ley ni al Derecho.

En la Colombia y la Guatemala de aquellos años los genocidas pensaban que exterminando pueblos enteros se resolvían los problemas. Y estaban equivocados. Han pasado treinta años y los ejércitos colombianos no han podido derrotar a los guerrilleros colombianos. Por el contrario, los funcionarios de ese país en un edificio de La Habana, Cuba, se sientan ahora a negociar con sus enemigos políticos, entendiendo que los acuerdos de paz son el mejor medio para terminar con las guerras internas que dejan cientos de miles de muertos y cuantiosos daños físicos y morales.

Y es que, además, en los dos países la política de las matanzas oficiales comienza a sentir, no sin asombro, que la justicia penal se está levantando de su sepulcro.