La palabra miedo alude a las alteraciones de ánimo que conducen a la angustia, cuando alguien percibe peligros, reales o imaginarios para sí mismo, sus seres queridos o allegados. El concepto ha cobrado auge porque ayer en Estados Unidos se dio a conocer la publicación del nuevo libro del periodista Bob Woodward, cuyo título es Miedo, Trump en la Casa Blanca.

Sin embargo, el fenómeno del miedo tiene alcance universal y sus efectos se observan no solo en el corazón de la política estadounidense, sino también se ha convertido en un componente de las actitudes y acciones de ciertas estructuras del poder y específicamente en Guatemala sus efectos tienen alborotado al mundo político, y cuando ese sentimiento se apodera de un grupo con intereses afines puede motivar reacciones irrazonables, rayanas en el ridículo.

El ejemplo concreto y reincidente de toma de decisiones bajo estados anímicos inadecuados es el presidente Jimmy Morales, cuya situación es muy delicada porque no solo tiene una clara confrontación con la justicia, y con ello un conflicto de interés, sino está rodeado de voces que en lugar de buscarle soluciones exacerban sus temores y con ello lo hacen tomar decisiones equivocadas.

Con este panorama resulta presa fácil para impulsarlo a tomar medidas irreflexivas, como asumir la responsabilidad de concluir antes de tiempo y sin llenar las condiciones el mandato de la Cicig o prohibir el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez, que lo ponen a la orilla de la desobediencia y lo convierten en el centro de críticas de instituciones internacionales y países amigos.

Lamentablemente, el cuadro de angustia se ha extendido a muchos otros políticos, varios de los cuales exponen niveles de irrespeto a la Constitución que los llevan incluso a plantear normativas irracionales, como ocurre en el Congreso con la discusión de la iniciativa 5300, que pretende convertir a ese organismo, de manera ilegal, en un poder supremo, anulando funciones de la Corte Suprema de Justicia en materia de antejuicios.

Solo la desesperación, el temor y la cobardía ante el avance de la justicia puede llevar a promover medidas descabelladas como pretende el Pacto de Corruptos, para garantizarse impunidad.

Ellos dan muestras de desesperación y buscan en forma obstinada la manipulación de leyes para convertirlas en armas políticas contra quienes, según ellos, son sus enemigos. No obstante, su irreflexivo intento fracasará porque no se puede manipular todo el tiempo a las instituciones en beneficio propio y porque cada vez es más difícil engañar a la totalidad del pueblo por la actuación de los medios informativos y redes sociales.

Los funcionarios del actual gobierno incluso deberían abstenerse de calificar las actuaciones del mandatario, por ser juez y parte, mucho menos llamar a respaldarlas, como lo hizo ayer el viceministro de Economía, Julio Dougherty, al declarar que lo decidido por Morales está en ley, cuando el caso se encuentra en el máximo órgano constitucional del país. Los miembros del Gabinete tienen doble problema: si apoyan algo que luego sea calificado de ilegal se convierten en una especie de cómplices. Si lo rechazan —como a nuestro criterio deberían hacer—, serán considerados desleales por quienes lo apoyen.