En ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, el Organismo Judicial, uno de los tres organismos del Estado, es el que ejerce  imparte justicia conforme la Constitución Política de la República de Guatemala y las normas y valores del ordenamiento jurídico del país.

El órgano supremo es la Corte Suprema de Justicia. El Organismo Judicial está integrado por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Paz. De acuerdo a la ley del Organismo Judicial se divide en dos grandes áreas: jurisdiccional y administrativa.

Para desarrollar el país es necesario contar con un Organismo Judicial que goce del respeto de la población, que imparta justicia pronta y cumplida, que sea transparente en su actuar y que no sea politizada. Para eso hay que hacer unas reformas constitucionales y algunas modificaciones a leyes ordinarias. Sin duda alguna los ciudadanos guatemaltecos sabemos que vivimos bajo el imperio de la ley y la gran mayoría deseamos la convivencia en paz donde prive el orden, la seguridad y la justicia. Esa justicia debe ser administrada y ejercida desde un enfoque netamente técnico y donde la política, a cualquier nivel, no intervenga.

Cuando uno revisa parte de las razones del por qué los llamados países desarrollados son estables, mucho tiene que ver con el sistema de justicia. En abril tuve la oportunidad de estar en la capital de los Estados Unidos de América. Es impresionante como se refieren ciudadanos comunes, legisladores, senadores y autoridades del ejecutivo —con los que pude conversar— del sistema de justicia y de quienes lo administran, sobre todo el respeto con el que lo dicen.

En Guatemala no escucho con mucha frecuencia calificativos positivos y menos que se refieran con respeto. Eso debe cambiar desde la percepción y luego desde los logros para que la ciudadanía se refiera a los magistrados y jueces de una mejor manera.

Ha habido gran debate sobre las reformas necesarias para que tengamos un mejor Sistema de Justicia. En el 2016 vimos por los medios de comunicación como algunos actores políticos que tienen iniciativa de ley quisieron aprobar en el Congreso reformas constitucionales. Eso tuvo un previo ejercicio de diálogo nacional donde hubo puntos de acuerdo en varias reformas, que en mi opinión eran las que deberían de haber reformado —las de consenso—. Desafortunadamente el tema fue politizado e ideologizado. Por dos propuestas de reforma se cayó el resto que vendrían bien al país. La primera con alto disenso fue la propuesta de modificación al artículo 203 que proponía el pluralismo jurídico. La otra modificación tenía que ver con la creación de un poder administrativo del Organismo Judicial que no era entendible sus competencias, funciones y límites.

En mi opinión, deben darse cambios en leyes ordinarias donde pueda fortalecerse al profesional por sus méritos para que la carrera en el Organismo Judicial tenga sentido y sea justa. También reformas para que los procesos sean ágiles y tengan límite de tiempo.

Hay debate sobre por qué llevar a la cárcel —prisión preventiva— a personas acusadas por el Ministerio Público, sobre todo desde el 2015. También hay debate por qué hay personas que deben tener desde inicio medidas sustitutivas, que llevan tres años en prisión preventiva y que a la fecha no inicia el juicio, si así lo decidiera el juez. Lo anterior, no solo no es justo, sino que asusta a la sociedad —no reglas claras, no certeza jurídica— y también a la inversión. Guatemala necesita avanzar.

El país debe reformar su sistema de justicia para que tengamos base firme y sostenida para desarrollarlo.

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