Esa noche fue de ensueño. Pocas veces se ha visto tanto glamur para la toma de posesión de un funcionario que solo durará un año en el cargo y que tiene la dicha de contar con sus tres hijos trabajando en el Organismo Judicial. ¿Nepotismo? Qué importa. Nada empañaba la noche triunfal del magistrado José Antonio Pineda, quien recorrió la alfombra roja como quien abre el telón de su comedia, emulando la entrega de los premios Óscar. La toma de posesión de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) era su show, su espectáculo. Cada invitado iba emperifollado con lo mejor de su guardarropa, vestidos de noche, de coctel, bueno cualquier trapito que pareciera fino lo llevaba con donaire y lo lucía en esa alfombra que a cada tramo era iluminada con bloques que irradiaban luz. Como figuras ornamentales de regio porte y elegancia se exhibía a cadetes de la Escuela Politécnica que infundían seguridad y honor, y cuyo uniforme rojo hacía juego con la alfombra roja. Qué decir del extenso toldo de una blancura inmensa que a cada tramo era iluminado con lucecitas blancas, como de Navidad, que se entretejían en los finos lienzos que protegían a los invitados de la intemperie. Qué primor, así se viste de gala la justicia con nuestros impuestos.

Y ese garbo, ese encanto y esa fascinación en realidad esconde bajo la fastuosa alfombra la podredumbre de un Organismo Judicial que en la última semana ha evidenciado que está dispuesto a preservar el sistema de impunidad y corrupción. La semana pasada, sin mayor recato la CSJ rechazó tres solicitudes de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, una de ellas por los Q450 mil que se embolsó con el bono militar. Los glamurosos magistrados se hicieron los locos con la sospecha de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad por parte del mandatario, como si haber devuelto el pisto hubiera borrado el presunto delito. Con ese mismo donaire, los elegantes magistrados rechazaron la petición de retirar la inmunidad a 107 diputados que habrían cometido los delitos de resoluciones violatorias a la Constitución y obstrucción a la justicia.

El magistrado Gustavo Adolfo Dubón tomó la estafeta para dar el siguiente golpe contra las investigaciones del Ministerio Público y la Cicig. Con la mayor frescura, el juez pesquisidor concluyó que no hay razones para la formación de causa contra el diputado Luis Rabbé y los integrantes de la Junta Directiva del Congreso en el período 2014-2015 por la sospecha de que incurrieron en contrataciones irregulares de personal y plazas fantasma. Al togado le valió madre que Rabbé se encuentre prófugo en Nicaragua, que en cualquier país se consideraría una evidencia de culpabilidad. El mensaje enviado es que la CSJ estrecha filas con la partidocracia para preservar el sistema de tráfico de influencias y del hoy por ti y mañana por mí.

Por la misma ruta iría la solicitud de antejuicio contra Álvaro Arzú, la cual será conocida por la Sala Tercera de Apelaciones, presidida por el magistrado Jaime Amílcar González, quien ya favoreció al alcalde al permitir que se ausentara de las audiencias en la primera solicitud de antejuicio que tuvo. A la sala también pertenece la magistrada Beyla Estrada, esposa del secretario de Comunicación de la Presidencia, Alfredo Brito. El mismo Arzú se ha vanagloriado de que ha defendido al presidente Morales, jefe de Brito. Estamos frente a un Organismo Judicial que no da señales de cambio. Al contrario, con las recientes resoluciones se observa la existencia de un acuerdo tácito de cerrar el círculo para evitar que los integrantes de las estructuras de poder puedan enfrentar a la justicia. Buena parte de magistrados recibió el apoyo de las redes de poder enquistadas en las comisiones de postulación, de diputados y dirigentes políticos. Ahora devuelven el favor y obviamente esperan ser recompensados nuevamente. Es la lógica de la corrupción y la impunidad, vestida de oropel.

@hshetemul