El 23 de octubre de 1995, el 104 Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Embajada de Jerusalén (Jerusalem Embassy Act of 1995). Esta ley aprueba los fondos necesarios y ordena el traslado de la embajada de EE. UU. de Tel Aviv a Jerusalén, a más tardar, el 31 de mayo de 1999. El sistema legislativo de EE. UU. es bicameral y cualquier ley federal debe ser aprobada por mayoría en ambas cámaras. La Ley de Embajada de Jerusalén de 1995 fue aprobada por una mayoría de 93 a 5 en el Senado y 374 a 37 en la Asamblea de Representantes; mayorías bastante contundentes. Esta ley no fue cumplida por los presidentes Bill Clinton, George Bush ni Barack Obama, aun cuando los tres, durante sus campañas electorales, afirmaron que lo harían. El 5 de junio de 2017, el Senado de EE. UU. aprobó por unanimidad, con voto de 90 a 0, una resolución conmemorando el 50 aniversario de la reunificación de Jerusalén, reafirmando la ley de 1995 y haciendo un llamado para que el presidente y todo oficial del Gobierno de EE. UU. se sujetara a sus provisiones.

El 6 de diciembre de 2017, el presidente Donald Trump anunció el reconocimiento de Jerusalén como la capital del Israel y el traslado de la embajada de EE. UU. a esa ciudad; la noticia sacudió al mundo. Con esta acción, Donald Trump hace cumplir la ley de su país, que por cierto, es lo que ocurre en un estado de Derecho. Han transcurrido 22 años desde que esta ley fue aprobada por el Congreso y que un presidente se anime a tomar el paso de hacerla cumplir. Por lo tanto, es evidente que el anuncio de Trump no es una decisión antojadiza, ni tan solo —lo que algunos analistas califican como un motivo de poca importancia— el cumplimiento de una promesa electoral. Es la ley. ¿Acaso tienen mayor calidad moral aquellos que no cumplieron con ella?

Aunque el anuncio de Trump se ha interpretado de otra manera, su decisión no cambia las líneas de demarcación entre Israel y un posible futuro estado palestino, ni altera los límites específicos de la soberanía israelí sobre Jerusalén. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidos votó por condenar la decisión de Trump, acción que fue vetada por EE. UU., en su calidad de miembro permanente de ese Consejo. Con soberbia pura, la Asamblea General de la ONU votó, por mayoría, declarar nula o inválida la decisión del Gobierno de EE. UU., con solo nueve votos en contra, incluyendo el de Guatemala, a mucha honra.

También se acusa a Trump de dañar los procesos de paz entre Israel y palestinos, a lo que cabe la pregunta: ¿Cuáles procesos de paz? A lo largo de muchos años, en varias ocasiones Israel ha hecho concesiones para alcanzar la paz, sin éxito. Yasser Arafat recibió el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos alcanzados con Yitzak Rabin, para luego darse la vuelta y continuar con la guerra terrorista. Siendo primer ministro de Israel, Ehud Barak arriesgó todo su capital político para ofrecer grandes concesiones a los palestinos y el retiro de territorios, que fue rechazado.

En Israel, el Knesset (Cámara de Representantes) tiene diputados árabes y hay también varios alcaldes árabes. ¿Cuántos diputados o alcaldes judíos hay en los países árabes? Ninguno. ¿Cuál es el país que provee más ayuda financiera a los palestinos? Estados Unidos. En Guatemala, ¿quiénes son los que queman la bandera de Israel? Los mismos nihilistas de la industria del conflicto.

La decisión del presidente Jimmy Morales de trasladar la Embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén es moralmente correcta. Israel ha sido un buen amigo y socio de Guatemala, en las buenas y en las malas. Toca corresponder.

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