Seis meses le quedan al actual gobierno, que agoniza entre escándalos de corrupción, los cuales han motivado a lo largo de semanas varias manifestaciones masivas para exigir la renuncia de funcionarios, incluido el presidente Otto Pérez Molina, quien ayer, paradójicamente, fue recibido en Quetzaltenango por la dirigencia de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), que celebraba su asamblea y en la que el dirigente Pedro Esquina le expresó su apoyo.

Un apoyo interesado y pagado con dinero de los guatemaltecos. Al parecer, este grupo no hace sino alargar la fila de entidades que se prestan al servilismo a cambio de un beneficio económico. Dentro del presupuesto 2015 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, aparece en el rubro Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro una generosa asignación de Q15 millones a Conic, sobre el cual valdría la pena tener datos de ejecución, ya que se trata de recursos públicos.

No obstante, contar con tal asignación, facilitada a partir de la instauración de esta administración, constituye un poderoso argumento que explica las razones de tanta afabilidad de los dirigentes de esa organización, quienes sin duda se aprovechan de la confianza y la sencillez de muchos de sus miembros, a quienes utilizan como colectivo de presión pero no para resolver temas verdaderamente relevantes en materia agraria, sino solo aquellos que representan réditos, y mucho menos para criticar la corrupción.

Este contubernio no es nuevo, pues ya en el 2013 integrantes de Conic eran los encargados de repartir el beneficio de la bolsa segura en varias localidades de Chimaltenango, lo cual no solo parecía extraño sino improcedente, puesto que se trataba de un programa estatal; aún así hubo denuncias de cobros indebidos que fueron irrisoriamente justificados como costos de transporte, y muchos de estos salían, en esta ocasión, del Ministerio de Desarrollo Social.

Desde otra óptica, esta millonaria asignación se hace con los impuestos de todos los guatemaltecos, y en tiempos de tanto apremio presupuestario probablemente estarían mejor empleados en brindar salud o apoyar las necesidades de educación, pero no es así. Cuando menos, la dirigencia de esta entidad debería rendir cuentas sobre el destino que han tenido estos fondos y mostrarse con menos descaro a favor de políticos que actúan de espaldas a la población.

También se podría mencionar la condonación de deuda con la cual el presidente Pérez Molina se congració con esta dirigencia, la cual, si bien tenía un efecto directo hacia familias campesinas, representaba a la vez un capital político para los dirigentes, que bien se ve, han quedado obligados a pagar en los momentos más caldeados.

Algo que también ocurre con otros colectivos que obtienen beneficios del Gobierno, como la dirigencia magisterial a las órdenes de Joviel Acevedo o el sindicato de salubristas, que han recibido un trato privilegiado por parte del Ejecutivo, que así mismo los intrumentaliza en un perverso intercambio de favores que lo único que pretenden es mantener un estado de privilegios que es insostenible para los contribuyentes.