El financiamiento electoral ilícito se ha convertido en un cáncer para el sistema político del país. Ahora mismo vemos cómo en el Congreso fuerzas oscuras tratan de aprovechar la oportunidad para quitarle dientes a la ley que la penaliza, con lo que permitirían que ese problema quede sin solución y se favorezca a los principales implicados en esa práctica delictiva. La tarea de los legisladores no tendría mayores complicaciones porque solo deberían atender la exhortación que hizo la Corte de Constitucionalidad (CC) de revisar el artículo 407 N del Código Penal, en lo referente a los delitos electorales. Ese organismo consideró necesario introducir modificaciones atendiendo los principios de proporcionalidad y racionalidad en las penas para las diferentes formas en que se presenta el financiamiento electoral ilícito.

De acuerdo con la CC, el Legislativo debe diferenciar entre el dinero proveniente del crimen organizado y que procede de sectores privados otorgados en forma anónima para definir penas acordes a la gravedad de cada delito. El planteamiento de la CC es importante sobre todo en cuanto a los fondos que vienen de empresarios. Este tipo de aporte anónimo podría provenir de sectores de la iniciativa privada interesados en incidir en las políticas públicas y hacer negocios oscuros. Pero también están los empresarios que han sido obligados a aportar so pena de no recibir contratos o que se atrasen en forma indefinida sus pagos, como las extorsiones a que fueron sometidos por el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi.

Esa diferenciación en las penas es todo lo que tendría que hacerse si existiera voluntad de evitar que el financiamiento oscuro continúe manchando el sistema político. Sin embargo, la comisión legislativa extraordinaria que analiza los cambios estaría interesada en eliminar el delito de financiamiento electoral ilícito, con lo que echaría por tierra no solo las investigaciones que han desarrollado el Ministerio Público y la Cicig, sino que beneficiaría a quienes están señalados o procesados. Por ejemplo, se plantea imponer penas de entre dos y cinco años de cárcel por financiamiento electoral y contra quien no efectúe los reportables contables. También se analiza introducir penas de entre uno y tres años de prisión contra la persona que no registre la aportación en el Tribunal Supremo Electoral. Estas condenas serían conmutables porque no superan los cinco años de cárcel.

Este tipo de cambios permitirían liberar de responsabilidad a los secretarios generales de los partidos, ya que el delito de financiamiento electoral ilícito recaería en el contador, quien sería una víctima porque el trabajo es meramente técnico. Entre los favorecidos por estas enmiendas estarían el presidente Jimmy Morales y los diputados Roberto Villate y Orlando Blanco, así como los empresarios que financiaron al Partido Patriota y que fueron mencionados por Juan Carlos Monzón recientemente. Pero estas modificaciones también van dirigidas a favorecer a quienes están presos en el Mariscal Zavala, porque los abogados defensores podrían invocar el artículo 15 de la Constitución que plantea que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorezca al reo.

De esta manera vemos cómo los diputados, con honrosas excepciones, vuelven a las andadas para hacer cambios en materia penal para que nada cambie. El problema de fondo radica en que los legisladores son juez y parte en este asunto, por lo que buscan la forma de salir favorecidos, a costa de mantener el sistema político envuelto en el fango de la corrupción. Su objetivo es lograr que permanezca el financiamiento electoral sin mayores contratiempos penales, porque eso les permite seguir utilizando la política como vía para el enriquecimiento.