Están equivocados quienes piensan que las violaciones a la libertad de expresión y de prensa son “exclusividad” de los gobiernos dictatoriales o autoritarios. Reporteros sin Fronteras (RSF), en su informe anual, reveló que hubo un sensible retroceso en el mundo, incluyendo Europa, donde en 2017 descendieron hasta los “mejores alumnos”, los países nórdicos.

Su clasificador mundial ubicó a Guatemala en el lugar 118 de 180 países analizados, y aunque subimos algunos escaños en relación con el año pasado, la situación sigue siendo riesgosa, por lo que estamos entre los países pintados de rojo, en señal de peligro.

La entidad indicó que “el país sigue minado por la violencia del crimen organizado y la impunidad, que hacen muy peligroso el trabajo de los periodistas. Los reporteros padecen amenazas y agresiones cuando denuncian casos de corrupción en los que están implicados políticos y gobernantes; Guatemala aún se encuentra entre los países más peligrosos del continente para la prensa, ya que a menudo se registran asesinatos de periodistas”. RSF indicó que “estaba previsto que en 2016 se aprobara un mecanismo nacional de protección de periodistas, pero el proyecto se aplazó”.

Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual 2016, en el que manifiesta su preocupación por el incremento de asesinatos de periodistas en Guatemala, así como por el estancamiento en el proceso de construcción del Programa de Protección a Periodistas. La entidad internacional recuerda a los funcionarios estatales que deben repudiar los ataques perpetrados como represalia por el ejercicio de la libertad de expresión, además de abstenerse de dar declaraciones que posiblemente incrementen la vulnerabilidad de quienes son perseguidos por ejercer ese derecho. Reitera al Estado su recomendación de proteger la vida e integridad de los periodistas y reforzar las acciones en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas.

En cuanto al Programa de Protección a Periodistas, dicho Informe señala que pese a las reiteradas recomendaciones de la CIDH, su Relatoría Especial, Unesco y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, su implementación continúa en discusión. Dijo que urge ponerlo en funcionamiento, que se implemente con una autoridad estatal con capacidad de coordinación y con recursos propios. También indicó que es indispensable la participación de periodistas en su diseño, funcionamiento y evaluación.

Para la CIDH y su Relatoría Especial, la violencia contra periodistas no solo vulnera de un modo especialmente drástico la libertad de pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que afecta la dimensión colectiva de este derecho.

Por su parte, la SIP en las resoluciones de su Asamblea de medio año señaló que la censura y la autocensura continúa siendo uno de los principales problemas para los periodistas en Guatemala, mayoritariamente en el interior, quienes han optado por el silencio ante la peligrosidad que representa el poder de los políticos locales o de las estructuras del crimen organizado. Destacó la denuncia realizada por la alianza de entidades de prensa, que señala que el Estado ha incumplido con el compromiso asumido en Ginebra en 2012, de adoptar un Programa de Protección a Periodistas.

En los últimos 15 meses, once periodistas han sido asesinados. La alianza de entidades de prensa sigue insistiendo ante el gobierno para que cumpla su palabra, tome las acciones necesarias e implemente el Programa.

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