La Corte de Constitucionalidad, con su dictamen unánime hecho público el viernes anterior, benefició de manera directa a los dirigentes deportivos que buscan eternizarse en los puestos y dejó las bases para eliminar condiciones para el ejercicio de otros cargos porque violan los derechos humanos. El asunto despierta serias suspicacias porque uno de los beneficiados es un magistrado suplente encarcelado ahora en Estados Unidos, por el escándalo Fifa.

Según la Ley del Deporte, vigente desde 1997, un directivo podía ser reelecto una vez de manera consecutiva y debía pasar ese mismo tiempo para poder participar de nuevo como candidato. Esto fue declarado inconstitucional en una decisión aún más extraña porque contradice otros dictámenes de la misma CC, según los cuales reglamentar una elección no viola el derecho de elegir y ser electo, ni ninguno de los derechos humanos porque solo regula la permanencia en el cargo. Tal veredicto encaja con la interpretación correcta de los textos legales, pero sobre todo con la lógica.

La ponente fue la presidenta de la CC, Gloria Porras, y los primeros beneficiados resultaron ser Héctor Trujillo, suplente de la funcionaria en esa institución, así como Bryan Jiménez, involucrado en el escándalo internacional futbolístico, por presidir la Federación del Futbol. Otros dos magistrados tienen parientes políticos que son dirigentes deportivos y por eso integran el grupo de beneficiados, a los que se agregan los dirigentes de la Confederación Deportiva Autónoma, que no contemplaba la reelección.

La decisión de la CC contradice el criterio del Ministerio Público y del Congreso de la República. Entre sus consecuencias se cuenta la imposibilidad de que el deporte guatemalteco no pueda librarse de personas que solo buscan beneficiarse, y que varias veces habían presentado recursos de inconstitucionalidad. El deporte tiene asignado el 3 por ciento del Presupuesto Nacional, y eso explica por qué se facilita la corrupción, tráfico de influencias y demás lacras.

Hay otras consecuencias adicionales, como la posibilidad de que sobre la base de violar el derecho humano de ser electo anule la condición de tener 40 años, o más, para ser presidente de Guatemala, lo que además afecta a la mayoría de la población, los menores de esa edad. Argumento similar fue esgrimido en los casos de Ríos Montt y de Sandra Torres, quienes argumentaron la preeminencia de los tratados internacionales sobre la ley guatemalteca. La CC de entonces rechazó ese criterio, pero ahora abre la puerta a que, con base en los derechos humanos, sea imposible regular nada.

Desde otra perspectiva, la decisión de la actual y controversial CC va en contra de la exigencia ciudadana, generalizada y evidente, de terminar con los abusos y posibilidades de malos manejos de todo tipo. Lo más riesgoso de la decisión de la actual CC es que traspasa el área deportiva y abarca toda la vida nacional. A eso se agrega que este tipo de interpretaciones solo afianzan el creciente criterio de que esa institución legal tiene sobre sus hombros responsabilidades demasiado pesadas, y que para asegurar dictámenes en determinada línea es imprescindible luchar porque los magistrados no sean defensores del orden legal, sino representantes de sectores.