2018 se vaticina como un año que puede ser el parteaguas en la historia del país. Jimmy Morales llega al ecuador de su mandato con un país dividido en dos bloques: quienes esperan que Guatemala siga por la senda de las transformaciones profundas para convertirse en una auténtica democracia, y aquellos que están dispuestos a hacer lo necesario para perpetuar la impunidad que les ha permitido saquear al país y manejarlo a su conveniencia. El asesor más cercano de la campaña del presidente Morales, el diputado oficialista y coronel retirado Édgar  Ovalle es señalado de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

El general Érick Melgar Padilla es investigado por la Cicig y acusado por el MP por demasiados sucesos lamentables, por organizar una estructura paralela a la justicia y encubrir así el asesinato de su propio padre. También 18 ex jefes militares que tenían órdenes de captura emitidas en enero.

Por lo menos un 37 por ciento de militares están afiliados a su partido, FCN-Nación, que fue fundado por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala. Mientras, los EE. UU. apoyan a la Cicig que está ayudando a la ley guatemalteca a acusar a los líderes exmilitares corruptos.

Una serie de cambios hechos por el presidente Morales, a través del ministro de Gobernación, están generando la crisis de legitimidad, luego de que éstos solicitaran levantar su inmunidad en agosto del 2017 para investigar la posible financiación ilegal de su campaña presidencial.

Mientras el MP y la Cicig presentaron una solicitud de antejuicio contra el mandatario Morales por el supuesto financiamiento electoral ilícito de Q6.7 millones que no fueron reportados por FCN al Tribunal Supremo Electoral (TSE), Morales acuerpado por el Ejército, la Policía y los ministros corruptos: Gobernación y Relaciones echan a la Cicig pues les es molesta. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, respondió a la solicitud del presidente e hizo énfasis en la contribución que ha hecho la Cicig en el combate a la impunidad, bajo la dirección del comisionado Iván Velásquez, quien ahora lo hará desde Estados Unidos. También los países donantes expresaron su decepción y lamentaron la decisión.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, explicó la serie de intentos del presidente y sus aliados para detener la lucha contra la corrupción, las redes de adopción ilegal, el narcotráfico y las actividades ilegales. La Corte de Constitucionalidad falla contra el transfuguismo intentado por los diputados tránsfugas. El caso más caliente es de militares acusados de ser malhechores, de trata de blancas, todo bajo el mando militar que manipula, utiliza secuestros, extorsiones, lavado de dinero y contrabando que desprestigia a la institución armada.

La Unidad de Acción Sindical y Popular (Uasp) este fin de semana se concentrarán en la Plaza de la Constitución para protestar en contra de la corrupción y del gobierno; y Gobernación concentra la fuerza policíaca a partir del día 6 de septiembre.

Un oficial expresó que “algo grave viene pasando en el Ejército de Guatemala”. Demasiados sucesos lamentables e indicadores de corrupción, criminalidad y tráfico de influencias. Estamos ante la utilización de la institución armada para beneficio privado de sectores oscuros y grupos criminales para detener la lucha contra la corrupción.

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