Ya lo dijo Antonio Gramsci cuando definió la crisis: “Lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina de morir. Y es aquí donde nacen los peores monstruos”. Esa descripción viene como anillo al dedo para el momento que vive Guatemala: el viejo orden no termina de morir y el nuevo no acaba de nacer. Y mientras tanto, nuestros poderosos monstruos libran la batalla para continuar con su poder, su impunidad y sus privilegios.

Y vaya que nuestros monstruos son poderosos. A los actores y sectores sacudidos por las investigaciones y procesos judiciales en casos de corrupción se unieron también aquellos vinculados al narcotráfico, la evasión fiscal, el tráfico de influencias y la justicia transicional. Eso y la decisión de Jimmy Morales de integrar al gobierno y a la institucionalidad del Estado al bando pro-impunidad (a partir de los casos contra su hijo y su hermano y de las solicitudes de antejuicio en su contra) terminó de configurar la alianza y profundizar la crisis.

Por eso lo variopinto del ataque y sus alcances. Por eso su capacidad de movilizar recursos y jugar en varias canchas al mismo tiempo: la jurídica, la política, la mediática y la diplomática. De ahí la magnitud del caos que originan.

Por eso es preciso entender que lo que nos estamos jugando hoy en Guatemala no es, solamente, si el comisionado Iván Velásquez ingresa o no al país. Lo que nos jugamos las y los guatemaltecos en este preciso instante es la continuidad de un incipiente proceso de transformación que sacudió las viejas estructuras del sistema corrupto, excluyente, desigual y violento o una regresión autoritaria que supondría la profundización de este sistema. Esa es la encrucijada en la que nos encontramos: democracia y justicia o autoritarismo e impunidad.

Los signos son inequívocos. La conferencia de prensa de Jimmy Morales rodeado de militares para anunciar la no renovación del mandato de la Cicig. El despliegue de fuerzas militares y policiales en ciudad de Guatemala —incluyendo los vehículos donados por los gringos para las zonas fronterizas—. La efusiva demostración (aplauso incluido) de los empresarios a Jimmy Morales en una actividad de Agexport a la que fue invitado días después de la decisión de no renovación. El registro indiscriminado a las familias que participaban en las fiestas de independencia (mochilas y carruajes incluidos). La presencia de kaibiles alrededor del Congreso y del Palacio Nacional los días de las movilizaciones. La persecución y asesinato de líderes campesinos y comunitarios, el último registrado el viernes 21/9 contra Juana Ramírez de la Red de Mujeres Ixiles en Nebaj, Quiché.

Sigamos sumando: la prepotencia del ministro de Gobernación, el Procurador General de la Nación y la canciller cuando anunciaron públicamente su “interpretación” de la resolución de la CC respecto del ingreso al país del comisionado Velásquez y el último comunicado del gobierno —hecho público tras la notificación recibida— en el que se lee “que hará uso de las facultades y recursos que la ley le otorga para defender la Constitución”, que no es más que un juego de palabras para anunciar el desacato.

La pregunta obligada no es hasta dónde piensan llegar sino hasta dónde estamos dispuestos a dejarlos. Por eso tiene un enorme significado la marcha del #20S convocada por las y los estudiantes sancarlistas, acuerpada por el Consejo Superior Universitario, por las asociaciones estudiantiles de la URL y la UGV y por miles de compatriotas y decenas de organizaciones que salieron en defensa de la democracia y contra el pacto de corruptos.

@MarielosMonzon