Al solicitar ayer el antejuicio contra Édgar Barquín, vicepresidenciable del partido Líder, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) aumentó el nivel de suspenso generalizado respecto de las elecciones generales próximas, ya de por sí sujetas a críticas como consecuencia de estar programadas para efectuarse con las reglas actuales. En este momento no se sabe con certeza cuándo se desarrollarán y cuántos aspirantes participarán.

A esto se agrega la acción de antejuicio presentada en contra de Mario Leal, candidato vicepresidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, así como la espera del resultado de las acciones legales contra la aspirante Zury Ríos, de Viva, quien recurrirá a la Corte Suprema de Justicia y luego a la Corte de Constitucionalidad. Se afianzan las dudas que se han manifestado en los guatemaltecos de diversos sectores, acerca de la idoneidad y de la conveniencia de la participación de personas con un pasado político poco recomendable, y que en otros casos también tienen fondos de posible origen oscuro.

La Cicig ya indicó que mañana se referirá al tema del financiamiento partidista, lo que permite prever la posibilidad de que disminuya aún más el número de partidos y de candidatos que puedan participar en las elecciones programadas para septiembre. Este anuncio viene a comprobar que las actuaciones del comisionado Iván Velásquez tienen evidente influencia en la vida política del país, que por otra parte espera con impaciencia el resultado final de la eliminación del derecho de antejuicio al presidente Otto Pérez Molina, lo que corresponde al Congreso, donde hay una alianza PP-Líder.

En pocas horas, la situación política nacional dio un vuelco inesperado y los candidatos que encabezan la lucha, Manuel Baldizón y Sandra Torres, se encuentran en un camino resbaladizo que puede significar su sorpresiva salida de la contienda, como consecuencia de que la ley esté siendo aplicada de manera recta sin excepciones. El tiempo está en contra de los políticos, porque no solo ya venció el plazo de la solicitud de inscripción, sino es francamente difícil, sino imposible, llenar los requisitos de asambleas generales para integrar a nuevos binomios.

Quienes tengan en sus manos las decisiones finales respecto de quiénes pueden participar deben hacerlo en el menor tiempo posible. Cualquier análisis, medición, proyección, estudio jurídico, estudio del espíritu de la ley y de su letra muerta puede convertirse en un instrumento que guíe a los ciudadanos acerca de las consecuencias de los dictámenes que deba entregar cada uno.

Los guatemaltecos se benefician con entender las motivaciones de cada uno de los participantes en el drama o tragicomedia actual, según el cristal con que se mire. Dos factores son fundamentales: la imposibilidad de alargar el período presidencial, y darle al Tribunal Supremo Electoral la fuerza que tiene en la teoría. Ciertamente hay suspenso, pero se debe recordar que se están invalidando acciones erróneas tomadas con anterioridad y aplicando las leyes electorales conforme a criterios que debieron haber sido utilizados antes.