El primer semestre del 2018 estará marcado por la batalla por el Ministerio Público. La elección de la persona que será fiscal general durante los próximos cuatro años es realmente crítica para el futuro del país. Si el Pacto de Corruptos impone a su candidato, mejor nos despedimos de cualquier esperanza de cambio positivo. Veremos seguramente a varios de los ahora capturados quedar en libertad, salir impunes a disfrutar de los frutos de sus fechorías y capaz que hasta demandando al Estado un resarcimiento. Un MP neutralizado, en retroceso y fuera totalmente del estado de Derecho, operando para las fuerzas que desde la oscuridad estarán ejerciendo persecución penal fraudulenta contra ciudadanos y ciudadanas que han dado la cara estos años en esta denodada lucha contra la corrupción. Eso le esperaría al país.

Lamentablemente, la decisión final de quién será fiscal general está en las manos de Jimmy Morales. El sujeto menos idóneo para tomar una decisión de tan gran envergadura pero que además tiene un asunto personal contra esta institucionalidad y las autoridades que han procedido contra su hijo y su hermano, involucrados en un caso de corrupción. Un sujeto que ya demostró un actuar poco transparente y cuya mente y voluntad están dominadas por oscuras fuerzas que quieren convertir un país ya de por sí conservador, en una teocracia medieval, anulando nociones fundamentales de la modernidad como democracia, diversidad y pluralismo, respeto a los derechos humanos, ciudadanía, equidad y justicia. Que abomina el pensamiento libre, el uso de la razón y de la ciencia; que no cree que las personas —mujeres y hombres— deben ser libres, autónomos, iguales y determinados a buscar su propio destino y que sí pueden vivir solidariamente, no por caridad. Teocracia, plutocracia y cleptocracia aliadas para cimentar su dominio sobre los recursos que le quedan al país, deseosos de convertirnos en siervos que trabajen y tributen, pero que no tengan ni voz ni voluntad.

Lamento mucho que doña Thelma Aldana no quiera optar para un segundo mandato como fiscal general. Hay momentos que reclaman continuidad de visión y liderazgo para que los procesos se afiancen y evitar retrocesos como los que ahora nos amenazan. Hay tanto por hacer todavía para que el MP sea una institución con capacidades suficientes para responder al enorme desafío que implica rescatar este Estado capturado en una sociedad cuyos códigos de conducta y su sostenibilidad económica están tan estrechamente imbricadas con la corrupción e impunidad. Hay tantos casos aún a la espera de que el sistema de justicia proceda, que se corre el riesgo de que un cambio en la direccionalidad en el MP decante los mismos a favor de la impunidad.

Sin embargo, también creo que hay más personas que podrían ser idóneas para ocupar dicho cargo. A fin de cuentas, Thelma Aldana siguió la trayectoria emprendida por Claudia Paz y Paz y antes de ella, por José Amílcar Velásquez Zárate de construir institucionalidad en el MP capaz de responder a su mandato. Cada uno con su énfasis, pero todos caminando en la misma dirección.

Es, por ende, la hora en que abogados y abogadas probas, calificadas y conscientes de lo crucial de esta elección tomen la decisión de postularse para asumir el cargo. El sistema no da mucho margen de maniobra para cambiar la lógica eleccionaria; quedará siempre en manos de Morales, pero si la lista de candidatos se cunde de gente honesta, y la ciudadanía se moviliza para respaldarlos, podremos hacer contrapeso al Pacto de Corruptos y evitar el desastre que se anticipa para el país, si termina siendo electo un “abogángster” como fiscal general.