Decía el pasado jueves Julio Solórzano, uno de los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, que ellos no le temen a Líder, el partido que más ha burlado la ley en la actual contienda electoral. Es, además, la agrupación que más acciones judiciales ha enderezado en un pataleo prepotente que solo confirma que la fuerza, las amenazas y la vociferación son sus herramientas favoritas en la búsqueda de la primera magistratura, y no el debate de altura ni el respeto a las autoridades.

Hace bien el magistrado en desmentir y refutar los ataques de los políticos que sufren de una credibilidad bajísima y en descenso. Pero, sobre todo, se deben rechazar esos exabruptos porque ni la ley ni la razón asisten a quienes hacen de la ilegalidad y la impunidad su camino. En todo caso, son las instituciones las que deben darse a respetar con acciones que no dejen lugar a duda en quiénes tienen en sus manos la potestad legal de diversos aspectos, en este caso el régimen electoral y de partidos políticos, respecto a lo cual no deben haber más abusos.

Si bien los actuales magistrados del TSE aún no asumen con el debido vigor sus responsabilidades, todavía cuentan con el apoyo de una ciudadanía hastiada por el abuso de los politiqueros. Diversas entidades, nacionales e internacionales, les han expresado su apoyo en momentos decisivos, y seguramente así será en caso tomen alguna medida ejemplar, pues de no aplicar la ley, la población se los recriminará.

Por décadas, en Guatemala ha existido un acendrado irrespeto hacia las autoridades electorales, y por lo tanto, aquellos grupos con recursos económicos a su alcance se han creído dueños y señores del sistema democrático, pero en realidad solo han impedido la consolidación de un estado de Derecho pleno. Las protestas anticorrupción no solo han acicateado a los poderes del Estado para que continúe el proceso depurativo, sino también a entidades como el TSE, que este año y en esta coyuntura tiene un papel fundamental.

Debe reconocerse que para los guatemaltecos y para quienes todavía buscan que impere la justicia, la batalla se avizora ardua, por lo cual se debe librar con entereza y con la convicción de que la población sabrá evaluar críticamente el proceder de las autoridades. Por ello es que también generan malestar público decisiones como la de la Corte Suprema de Justicia, al confirmar a la cuestionada magistrada Blanca Stalling como presidenta de la Cámara Penal, porque ella está señalada indirectamente por un caso, pero la más mínima sombra de conflicto de interés apunta a hacer extensiva la depuración.

La captura de Roxana Baldetti y la solicitud de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina nos recuerdan que nadie es ser superior a la ley, mucho menos para quienes buscan entorpecer el avance de la justicia.

Hace pocos días el partido Líder tuvo en sus manos la posibilidad de apoyar una investigación contra el mandatario, pero hoy eso es historia y una vez más han sido el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala los que fortalecen la lucha contra la impunidad.