Entre los pronósticos coincidieron que estas próximas elecciones serán las primeras en la historia política de nuestro país de no contar con propaganda electoral en la mayoría de los medios de comunicación nacional masivos ni televisión, ni cables, ni radios, ni periódicos. Si aparecen algunos, serán la excepción.

Esto tiene implicaciones. En primer lugar, porque la estrategia principal de los partidos políticos se volcará a lo terrestre, in situ, desde tarimas, activistas comunitarios y con acarreados del propio municipio, donde la inversión electoral será muy difícil de supervisar, dada la escasez de personal del TSE y la dificultad operativa de controlar fehacientemente “quién pagó el novillo, el equipo de sonido, el transporte o cualquier artilugio electorero”. Se infiere que, si hay dificultad hasta en registrar las actas de las asambleas de los partidos políticos, que, de suyo, son de los trámites más primordiales, este minucioso escrutinio será imposible de mapear en los 22 departamentos que agrupa los 340 municipios y sus miles de comunidades.

En cuanto a financiamiento electoral, como al tenor de la nueva disposición toda persona, individual o jurídica, que done a un partido político más de Q30,000 durante la campaña 2019 no podrá ser un contratista del Estado, evidentemente hay escasez de fondos. Esto es positivo al evitar la inversión clientelar que le apostaba a todos los caballos en proporción a su arrastre en las encuestas. Sin embargo, el lado negativo es generar los incentivos perversos que favorecen el caciquismo y el financiamiento ilícito proveniente del crimen organizado, especialmente el capital narco, que lo busca no son obras, sino impunidad vía inmunidad territorial mediante la desactivación de ciertos controles institucionales.

También señalan en los correos recibidos que el caciquismo permea ciertos departamentos y municipios. Hay diputados que tienen a sus familiares en el registro de ciudadanos, en las delegaciones departamentales del TSE y en las delegaciones municipales. En los correos que me enviaron comprobé que la delegada departamental de Chiquimula del TSE es Alma Jeannette Carranza Castañeda de Heredia, esposa del diputado de la UNE Gabriel Heredia Castro.

Similares señalamientos hicieron a delegados del TSE en Totonicapán, señalándolos de tener vínculos familiares con autoridades municipales y de un diputado. Extremo que no pude comprobar, por lo que no menciono los nombres.

Hay que tomar en cuenta el poder que el Tribunal Supremo Electoral Departamental ejerce a través de la delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales, pues conforman las juntas electorales, las cuales tienen en sus manos todo el proceso electoral de un departamento. “No pueden estar conformados por allegados a diputados actuales porque el conflicto de interés es evidente, lo cual no abona a generar confianza y garantizar la transparencia”.

Por último, es evidente que así como en la campaña de AMLO en Méjico, y de Trump, en los Estados Unidos, buena parte de la propaganda política del próximo evento electoral se correrá en las redes a través de netcenter diseminados por todo el mundo. Controlar el márquetin político digital será sofisticado y difícil de supervisar. ¿Quién dijo teléfono inteligente…?