El Congreso está a punto de aprobar una iniciativa de ley que criminaliza las opiniones y manifestaciones, que con el pretexto de combatir el terrorismo en Guatemala  pretenden restringir el ejercicio de la libertad de emisión del pensamiento.

Son muy claras las intenciones de este gremio legislativo de acallar a la prensa, porque tristemente al tener Guatemala un sistema de justicia muy frágil, entonces resulta que los medios adquieren un papel preponderante, porque investigan y denuncian los hechos ilícitos que cometen los empleados públicos, poniéndolos en evidencia, al punto de que las autoridades pertinentes se ven obligadas a investigarlos, someterlos a juicio y encarcelarlos.

Es un hecho que el poder de la pluma es capaz de derrocar gobiernos, ha puesto a corruptos y delincuentes tras las rejas, y eso les molesta a quienes están en contra de que Guatemala cambie.

El periodismo de investigación puede llegar a ser muy útil, sobre todo cuando se hace con responsabilidad, profesionalismo y pruebas. Un ejemplo clásico es el caso Watergate, el escándalo político más grave de Estados Unidos. Esta investigación condujo a la renuncia del presidente Richard Nixon. Este tipo de prensa puede ser una herramienta de primer nivel para la democracia.

Aquí no solo restringen el derecho a la libre expresión, contenido en el artículo 35 de la Constitución, sino también el derecho de petición y de protesta, lo que representa un gran retroceso porque se cierran los espacios democráticos.

Al parecer, los diputados están dispuestos a todo para callar, no solo a los periodistas y columnistas que viertan su opinión, sino también a apagar la voz del pueblo, que tiene el legítimo derecho de expresarse. Ilusamente creen que imponiendo este tipo de leyes dictatoriales y antidemocráticas apoyan a los mafiosos y que ellos salvan su propio pellejo.

No hay que olvidar que después de esta clase de leyes mordaza vienen los asesinatos, torturas y las desapariciones de quienes “se atreven” a expresar su opinión. Prácticamente estaríamos volviendo a las épocas de terror en este país. La amenaza de “limitar la libre expresión del pensamiento” no solo significaría violentar los derechos humanos garantizados en la Constitución, sino también arrebatarle al pueblo una de las pocas cosas buenas que se han logrado a lo largo de décadas de lucha. Que no se olviden los diputados de que su obligación es acatar y cumplir los mandatos de la Constitución y no hacer todo lo contrario, como pretenden.

Y al respecto de coartar el derecho de manifestar, es indudable que a lo largo de la historia guatemalteca los movimientos de protesta y descontento ciudadano han demostrado que sí pueden llegar a tener un efecto positivo y democrático, porque permiten expresar al pueblo su descontento ante los abusos de poder, impunidad y violencia. Una prueba reciente de su eficacia fueron las últimas manifestaciones pacíficas del 2015, que exigieron la renuncia de Roxana Baldetti y Otto Pérez.

La presión popular por exigir transparencia en la gestión pública es una necesidad en un país como Guatemala, donde reinan la corrupción y el descaro de los funcionarios públicos. Por supuesto que hay protestas que están fuera de todo razonamiento y abusan del derecho de manifestación para bloquear carreteras y marchar en la vía pública, obstaculizando la libre locomoción de otros y haciendo perder al país millones de quetzales en un solo día, alterando el orden público de una manera inadmisible y abusiva.

Para este tipo de manifestaciones es claro que deben intervenir las autoridades de Gobernación para ponerlos en su lugar y para esto no hay que crear nuevas leyes, simplemente aplicar la legislación vigente.

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