EL ANUNCIO DE UN NUEVO PARO nacional de transporte pesado, hecho por el dirigente Rony Mendoza, obliga a una urgente revisión de los límites de las protestas gremiales o de cualquier otro grupo social, porque en realidad constituyen una amenaza imposible de aceptar y menos de justificar como un derivado de los derechos laborales o de cualquier otro tipo. Ese mismo gremio realizó una acción similar hace algunas semanas, y pronto fue evidente haberse salido del control de los organizadores, aunque había razones para explicar tal actitud como una consecuencia de decisiones municipales capitalinas, a la vez susceptibles de crítica por la forma como fueron tomadas. Cuando se resolvió el asunto, las pérdidas económicas eran millonarias.

EN ESTE CASO, resulta insostenible tratar de justificar una nueva acción de esta naturaleza en el alto costo de la vida. Esto es así porque dicho factor afecta a la totalidad de la población y entonces todos los sectores organizados en cualquier forma deberían tener el derecho de realizar acciones similares, lo cual no solo es imposible, pero aun en el caso de hacerse realidad en forma parcial, causaría un caos, concepto en el cual cabe perfectamente la ingobernabilidad. En las circunstancias actuales del país, llevar a cabo esta amenaza sólo incrementará el sordo resentimiento de varios sectores a la práctica de los derechos laborales o de cualquier otro tipo. A las pérdidas económicas generalizadas se agrega el justificado rechazo ciudadano.

EN TODOS LOS PAÍSES DONDE se practican los principios democráticos, el ejercicio de este tipo de derechos gremiales o sindicales tiene las limitaciones impuestas por las leyes relacionadas con el bien común. Las autoridades actúan, haciéndolo con rapidez y con severidad, aunque en estos lugares es difícil paralizar toda una nación, lo cual sí es posible en repúblicas como la guatemalteca. En el caso de servicios públicos, éstos son nacionalizados temporalmente y se envía a personal gubernativo. Un claro ejemplo ocurrió en Estados Unidos hace algunas décadas, cuando la amenaza de paro hecha por los controladores aéreos aeroportuarios provocó su inmediata y temporal sustitución por personal militar especializado en el tema.

LA CALIFICACIÓN DE SERVICIO público no se debe limitar a algunas tareas realizadas por el Estado. A causa de la inefectividad, producto muchas veces de la opacidad en la integración de los equipos de trabajo, se justifica plenamente la participación de empresas privadas, más eficientes en la mayoría de los casos. Sin embargo, quienes laboran en éstas no tienen justificación para amenazar y mucho menos cumplir con amenazas de paro de efectos negativos en todo el territorio nacional. En el caso de los sindicatos burocráticos, como es el caso de los maestros, tales paros tienen además el terrible efecto de debilitar la educación y con ello a largo o mediano plazo las condiciones laborales de quienes protestan de la manera hoy criticada.

LAS AMENAZAS COMO LA proferida por el dirigente Mendoza se pueden válidamente criticar hasta de acciones de terrorismo, porque éste es definido como acciones para causar terror, es decir miedo muy intenso, así como temor generalizado a todo lo posible de suceder. Las autoridades nacionales tienen un reto fuerte para solucionar este asunto, por medio de revisar cómo y por qué ha sido aumentado el número de remisiones, lo cual constituye el otro argumento esgrimido por los amenazantes. Otro problema evidente queda claro a causa de la poca imagen de eficiencia y de mando en los de las instancias gubernativas, empezando desde la presidencia guatemalteca, cuya debilidad aumentará como efecto colateral del anunciado paro.