En un “país” donde cualquiera puede terminar en prisión indefinidamente por crímenes tan serios como robar una gallina, los corifeos del #PactodeCorruptos se rasgan las vestiduras después de la muerte del exdiputado Manuel Barquín en el Hospital Roosevelt. Como en la representación de las antiguas tragedias clásicas griegas, cantan recio una supuesta indignación  por quien enfrentaba prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y tráfico de influencias.

Mi opinión no tiene nada que ver con el dolor que puedan sentir los deudos de Barquín, lo cual respeto, sino con el uso y abuso que han hecho de esa muerte nuestros más “sesudos” políticos (y sus operadores). Incluso hubo un expresidente que, aprovechando estratégicamente la oportunidad, desfiló por las salas hospitalarias. Los corifeos olvidan que el problema de la prisión preventiva en Guatemala está directamente relacionado con el litigio malicioso de los abogados defensores de corruptos (en los casos de cuello blanco) y con la mora judicial (en los casos de la ciudadanía común). Para los pactantes de la corrupción, el tema es importante y se ha vuelto moda, solo porque ahora ellos mismos pueden ir a prisión. Nunca antes les importaron los miles de mujeres y hombres guatemaltecos que han enfrentado este deficiente y lento sistema judicial. Nunca antes se preocuparon por los derechos de las personas privadas de libertad. Es de suponer que la identidad de grupo genera este tipo de respuesta, tal como sucede con las maras y pandillas, o con las mafias de diversa índole. Se volvieron familia.

Tanto así, que sabemos que en el Congreso hay casualmente una iniciativa, lista para ser lanzada, que pretende liberar a todos aquellos que enfrentan prisión, mayores de 60 años y se encuentren enfermos. “Dejemos libres a los de bagatela, a los de cuello blanco no, estos últimos sí pueden fugarse y tengo ejemplos para fundarlo”, dice el abogado experto en Derecho Penitenciario y Derecho Constitucional Internacional Oswaldo Samayoa, quien lleva al menos una década impulsando este tema. Eso no es selectividad, sino justicia, porque solo indica una ruta que inicia por la depuración de aquellos que han cometido delitos menores y llevan más años, dejando para después a los que aún enfrentan un proceso por delitos mayores.

Hay que depurar la prisión preventiva, y las prisiones en general. Es un hecho indiscutible, pero quizás no es el mejor contexto para hacerlo ahora de prisa y sin transparencia. Ojalá algún día no tengamos cárceles, como sucede ya en otras partes del mundo. Por ahora tenemos uno de los sistemas penitenciarios más deficientes y vergonzantes que podamos tener, y en la cárcel han muerto muchos inocentes en las condiciones más indignas. Incluso fuera de la cárcel se han producido un sinfín de muertes injustas de inocentes, relacionadas con un sistema perverso. Ya lo decía Ricardo Marroquín, un tuitero que existe (por aquello de los netcenteros): “Mi papá murió en su puesto laboral. No renunció a su trabajo porque lo amenazaron con no pagarle sus prestaciones. Su muerte sí que fue una injusticia de este sistema que exprime a la gente; esta sociedad impune y desigual construida por quienes ahora se hacen las víctimas”.

Los corifeos del #PactodeCorruptos de pronto han comenzado a pensar en los derechos de las personas privadas de libertad, de manera casi milagrosa, dentro de un aparente ritual democrático que los hace sentir como sacerdotes supremos de un orden que ya es de por sí insostenible. El coro está cantando una canción que antes ya se había cantado en otros espacios más legítimos, y el tema es uno de tantos pendientes que debemos atender como sociedad. Hablemos de nuestro sistema penitenciario y cambiémoslo, pero por las razones correctas.

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