Hay casos icónicos que demuestran el poder que tiene la industria de la protesta y lo retorcido que puede ser el sistema de justicia en Guatemala; la historia del Dr. Conrado Reyes es uno de ellos. El suyo es un vivo ejemplo de la falta de debido proceso, la condena basada en chisme, la manipulación de la ley y del sistema de justicia para alcanzar fines particulares.

La Comisión de Postulación que se integró en 2010 para elegir una nómina de seis candidatos para jefe del Ministerio Público puso a la cabeza de la lista al Dr. Conrado Reyes, por haber recibido la puntuación más alta en la tabla de calificación. En base a esto, el presidente Colom lo nombró fiscal general de la República. Carlos Castresana, el entonces comisionado de la Cicig, denunció que el Dr. Reyes estaba involucrado en adopciones ilegales y que tenía “nexos con el narcotráfico”. Ofreció presentar pruebas y nunca lo hizo. Los medios reportaron que Castresana había renunciado por el nombramiento del Dr. Reyes, cuando en realidad ya había sido destituido por la ONU, por faltas a la ética, luego de que su esposa denunciara que tenía amante en Guatemala, con sueldo de esa misma organización. ¿Por qué no dijo nada Castresana cuando la Comisión de Postulación invitó a presentar tachas? La Corte de Constitucionalidad ordenó anular todo el proceso de la Comisión de Postulación, sin señalar vicio concreto, declarando que “Para superar la crisis que vive el Ministerio Público, que no tiene certeza ni confianza, tomamos la decisión de ordenar que se repita el proceso. Es una decisión histórica”, dijo el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto. Ciertamente fue una decisión histórica, por improcedente e ilegal.

El verdadero motivo de la anulación del proceso fue que Conrado Reyes no encajaba en la agenda de Sandra Torres, la Embajada y la industria de la protesta y el conflicto. Con el Dr. Reyes no hubiera prosperado la persecución contra los militares jubilados, hoy encarcelados, y se habría investigado el asesinato de los Mussa, entre otros casos. Como agravante, despidió a Gloria Porras, cercana a Sandra y el ministro Menocal. La “orden” de la CC condujo a repetir todo el proceso de la Comisión de Postulación, dando paso al nombramiento de Claudia Paz y Paz como fiscal general, persona afín a los actores que promovieron la caída de Conrado Reyes y proclive a sus agendas.

El pasado 16 de julio, en acto público y sesión abierta, la Corte Suprema de Justicia designó a Conrado Reyes como magistrado suplente en la Corte de Constitucionalidad, para completar el período constitucional dejado vacante por Consuelo Porras. La CSJ tomó el nombre del Dr. Reyes de la lista de nominados no nombrados en 2016, procedimiento empleado anteriormente en varias ocasiones para llenar vacantes. A solicitud de amparo de la Fundación Myrna Mack, liderada por Helen Mack, una de las personas más poderosas en Guatemala, contados con los dedos de una mano —sin haber sido electa a nada— la CC suspendió el nombramiento de Conrado Reyes, en flagrante violación de la ley, en particular, del artículo 156 de la Ley de Amparo, que dice textualmente: “No es impugnable el procedimiento interno para la designación de los Magistrados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia”.

¿Estado de Derecho? La ley es violada repetidamente, de forma casuística y en obediencia a grupos de presión, por el máximo órgano encargado de velar por ella. Conrado Reyes es víctima de la manipulación y mal uso del sistema de justicia; a la fecha no se ha presentado prueba alguna en su contra.

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