Es explicable la inquietud, rayana en angustia, puesta de manifiesto en algunos sectores de la población en torno a candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en los días previos a su elección o nombramiento.

Tal inquietud se justifica no solo por la importantísima labor que la magistratura de lo constitucional tiene en la vida del país, sino porque algunos de los aspirantes tenían señalamientos previos de estar comprometidos con el crimen organizado, de haber participado en organizaciones políticas poco recomendables, o tener malos antecedentes.

Afortunadamente ninguno de esos personajes ingresó a la nueva magistratura de lo

constitucional, y esto debe causar tranquilidad a la República y a la sociedad.

Pero, la idoneidad de un magistrado no debe ser apreciada por su nombre y su pasado, por muy luminosos que estos fueren, sino por su comportamiento en el ejercicio del nuevo y altísimo cargo que les ha sido confiado; porque es ahí, donde habrá de relucir lo que realmente es, lo que siente y lo que sabe, porque su buena fibra, como conocedor de la Constitución, de las leyes constitucionales, de la legislación común y de la inmensa fuente del Derecho internacional, será el alma de sus ponencias, de su voto, y de la buena calidad de las sentencias.

Si un magistrado no procediere así, la Nación se lo reprochará, y lo someterá a procesos basados en la ley como ha sucedido con cuatro expresidentes del Congreso de la República, dos jefes del Organismo Ejecutivo, una expresidenta de la Corte Suprema de Justicia y una exvicepresidenta de la República, para citar algunos de los casos más notorios en el ámbito de la experiencia tribunalicia.

Recuerde siempre el magistrado que la vigilancia pública sobre el comportamiento de funcionarios, legisladores y jueces se ha levantado con energía, y a veces con furia, en la segunda mitad del siglo pasado y en lo que va del presente.

Países hay donde los depositarios del poder, otrora intocables, y los caudillos arrogantes que faltaron a sus deberes, se hundieron por cuenta propia en el descrédito y terminaron sus años de gloria y enriquecimiento ilícito, en prisiones comunes. Mas, hay otros lugares de la Tierra donde grandes estadistas, políticos limpios y trabajadores, jueces probos y sabios, han coronado sus vidas envueltos en el reconocimiento, la admiración, la gratitud y el amor de sus pueblos.

Ser juez en Guatemala es, sin duda, un honor cuando las funciones públicas son desempeñadas bajo el alero de la ley y con la moralidad personal en alto. Y obligado es decir esto, porque son conocidas situaciones en la que algunos juzgadores han caído en el foso del deshonor, movidos por espíritu de complacencia, temor o conveniencia; por su alineación con la arbitrariedad, la corrupción y el espíritu criminal, o por conservar el puesto, durante el sarampión eleccionario de magistrados que brota cada cinco años.

Juzgar y sancionar es, por otra parte, un trabajo con toques de heroísmo como cuando las sentencias desvelan que algunos ídolos nacionales están podridos hasta las heces.

En fin, la Corte debe ser cuidada porque es el supremo intérprete de la Constitución y su función esencial es la defensa del orden constitucional, por lo que se debe construir en torno a ella un edificio ideal de respeto, sostenido particularmente por los especialistas en la materia, sin dejar de reconocer el derecho que tiene la población de observar la conducta de todos y cada uno de sus magistrados y, en su oportunidad, calificarlos.

Sin embargo, no es útil hacer llorar prematuramente a las campanas. Puede ser, y no hay que poner en duda esto, que la magistratura que comienza en abril depare la sorpresa de que su trabajo sea tal como fue pensado por la Asamblea Nacional Constituyente de 1985: controlar la constitucionalidad de las leyes; tutelar los derechos humanos y las libertades públicas de los ciudadanos y resolver bien los conflictos que lleguen o deben llegar a su conocimiento. Nada difícil para un jurista de verdad.