El período gubernativo de cuatro años, por vencer el 14 de enero próximo, ha sido, sin duda alguna, un tiempo administrativo perdido totalmente para casi todos los guatemaltecos, porque ninguna de sus apremiantes necesidades fue atendida con acierto.

¿Cuáles son esas necesidades? Una mayor seguridad pública, mejoramiento del nivel de vida de millones de personas, prevención de enfermedades y cura a los enfermos, oportunidad de trabajo y educación, acceso a vivienda, y poner coto al alza artificial al aumento de precios a los bienes y servicios, por parte de los especuladores.

Este tema se actualiza cada cuatro años en discursos políticos y, particularmente, en las promesas preelectorales de luchar contra la corrupción administrativa.

La debilidad de la oferta electoral en cuanto al combate a la corrupción consiste en no decir cómo será combatida, no obstante que es una vieja conocida y desacreditada.

En general, la oposición acusa siempre al régimen imperante de corrupto, de incompetente, de violador de los derechos humanos, de no hacer nada por la población pobre y de permitir que algunos funcionarios en posición privilegiada se enriquezcan mediante el saqueo de las arcas públicas. Y hay mucha razón en esto.

La terminología acerca de los delitos que pueden ser cometidos por funcionarios y empleados públicos es abundante. Unos son propios de los funcionarios, otros pueden ser los mismos que cometen particulares. Cito a continuación algunos de los delitos que figuran en nuestra legislación penal y otros que se encuentran en legislaciones extranjeras:

Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia, denegación de auxilio, revelación de secretos, resoluciones violatorias a la Constitución, detención irregular, abuso contra particulares; tortura, tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, anticipación de funciones públicas, prolongación de funciones públicas, abandono de cargo, abandono colectivo de funciones, cargos o empleos, infracción de privilegio, falsedad de despachos telegráficos, radiográficos o cablegráficos, allanamiento ilegal, irresponsabilidad, tráfico y consumo de estupefacientes, trata de personas, consumo de bebidas alcohólicas o fermentadas; prevaricación, omisión de denuncia, malversación, peculado, abuso de poder, lavado de dinero, infidelidad en custodia de documentos oficiales, infidelidad en la custodia de reos, violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales, abuso en el ejercicio de la función pública, negociaciones y actividades prohibidas o incompatibles con la funciones propias del cargo, hechos de corrupción en transacciones comerciales internacionales, desacato a resoluciones judiciales, comportamiento personal impropio, ejecuciones extrajudiciales, femicidio, etcétera.

Pero, en fin, los delitos que estos días concentran la atención pública, por la constante mención y amplia cobertura en la prensa nacional son: asociación ilícita (para delinquir), cohecho pasivo y caso especial de contrabando aduanero, imputados por el Ministerio Público al presidente de la República, la vicepresidenta de la República, y otros funcionarios y empleados públicos más, casi todos ya en prisión.

Pero, lo que a la población interesa es que sea prevenido o sancionado todo acto de corrupción cometido por funcionarios y empleados públicos, en el ejercicio de sus cargos.

Y hay varios medios para satisfacer ese reclamo social. Uno es fortalecer el Ministerio Público. Triplicarle inmediatamente el presupuesto de gastos. Sacar al fiscal general de la órbita del jefe del Ejecutivo y trasladar su elección al Congreso de la República. Otro es fortalecer las funciones y atribuciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Dotarla de mayor colmillo. Y, por supuesto, cortar los hilos telefónicos entre el Ejecutivo y los magistrados encargados de aplicar el derecho punitivo del Estado contra los funcionarios públicos que delincan. Algo muy fácil, para el Gobierno, el Congreso y el Organismo Judicial. Todo es cuestión de querer o no querer.