No hay duda de que el sistema electoral en Guatemala debe cambiar.

Deberíamos tener un sistema en donde cualquiera pueda postularse a un cargo público sin necesidad de depender de un partido político, ni siquiera de un comité cívico, uno en el cual si los votos nulos son más que los recibidos por el primer candidato se repitan las elecciones. Un sistema donde se limite la reelección y donde los votantes puedan elegir a los candidatos individualmente y no como parte de una lista partidaria; uno donde los candidatos deban convencer a la gente para que les apoye en su campaña por afinidad de principios y no por intereses de obtener réditos a través de la corrupción, ni mucho menos uno donde los tributarios sean obligados a financiar la campaña de políticos con los que no están de acuerdo y quizá hasta desprecian. Un sistema donde los derechos de todos los ciudadanos sean los que prevalezcan y no los intereses de los políticos. Lamentablemente, estas no son las reformas que se están discutiendo actualmente en el Congreso, por lo que yo me opongo rotundamente a ellas.

Según algunos, las reformas propuestas mejorarán el sistema; sin embargo, al revisar los cambios, resulta que el efecto principal es afianzar todavía más el actual sistema de partidos políticos que más bien ameritan el mote de pandillas politiqueras y queda muy lejos de hacer los cambios necesarios para mejorar el sistema. No es solo de realizar cambios por realizar cambios; si el sistema va a empeorar, mejor que se quede como está.

Empecemos por lo que algunos consideran “la raíz” del problema: el financiamiento privado de los partidos políticos. Este es un buen ejemplo del pobre análisis que se queda en las ramas y no se enfoca en cuál es el verdadero problema. El financiamiento de las campañas es solo un efecto de la verdadera causa: los incentivos que tiene el sistema benefactor mercantilista para que los corruptos se aprovechen y roben el dinero de los tributarios. Mientras no se resuelva este problema, que pasa por un verdadero cambio en el sistema —no solo el proceso electoral—, siempre habrá personas interesadas en aprovecharlo para robar.

El mismo reporte de la Cicig establece que más de la mitad del financiamiento proviene del dinero que los mismos políticos y sus cuates le roban a los tributarios. Lo que no me explico es cómo de allí pueden saltar a una conclusión tan equivocada como que si se elimina o reduce el financiamiento privado se reducirá la corrupción.

Lo que va a pasar es todo lo contrario: los politiqueros y sus cuates se van a quedar con una tajada más grande de lo que nos roben a los tributarios, porque ya no tendrán que “reinvertir” una parte de lo robado en sus campañas. En otras palabras, los tributarios seremos esquilmados el doble: una vez para pagarle la campaña a los corruptos y la segunda cuando como consecuencia lleguen al poder y se roben nuestros impuestos.

Y de todos modos, si realmente creyeran esta tontería, deberían haber prohibido totalmente el financiamiento privado, cosa que no se hace en las reformas. ¿Entonces? Que no le den atol con el dedo. Estas reformas solo benefician a los politiqueros de siempre.

#ReformasMañosas (Cotinuará…)

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