El año 2012, en pocas palabras, no fue igual al anterior, y ello porque en enero comenzó un nuevo gobierno que, al igual que los demás, había despertado sobre todo muchas esperanzas, pero que casi desde el principio en la percepción de los guatemaltecos pudo sentirse cierta frustración, que cada vez parecen estar más decepcionados de las promesas de campaña de una clase política cuyo desprestigio e improvisación impiden, en realidad, sentar las bases de un cambio de rumbo en todos los órdenes, que son tan necesarios y que antes de eso se comprueba que las prioridades de muchos se cifran en proyectos personales.

Lo más preocupante que ocurre en el país es la existencia de un crecimiento en determinadas áreas de la población, especialmente en la capital, que cada vez más aumenta su ya abismal diferencia con los departamentos. El terremoto de noviembre ocurrido en San Marcos se convirtió en un ejemplo: los daños fueron en la provincia, y esa es una de las causas por las que muchos capitalinos ni siquiera son conscientes de esa tragedia, que tiene en penurias a miles de habitantes del occidente del país, más ahora en plena temporada fría, que en el altiplano cobra una relevancia especial, porque el clima se torna inclemente.

La decisión de mejorar a Guatemala difícilmente se pueda encontrar en la clase política, convertida mayoritariamente en una verdadera red de mafias que llegan con el propósito de aprovechar los puestos públicos para ascender de posición económica de manera indebida, con la complicidad de empresarios inmorales que buscan cobrar con creces el financiamiento que han prodigado a muchos candidatos, un fenómeno que por infortunio no solo es propio de Guatemala, sino de muchos otros países del continente, pero que provoca escasos avances en materia democrática.

Es cierto que los políticos tienen una muy alta cuota de responsabilidad en la situación del país, pero también lo es que los ciudadanos necesitan ejercer mayor presión para detener o disminuir los desmanes. El desastre alcanza los tres poderes del Estado y sus entidades, y también es especialmente notable en lo jurídico, cuya ineficiencia es la causa de la justicia tomada con la propia mano y de altas cuotas de impunidad.

El Gobierno necesita decidirse a tomar un liderazgo positivo y a ser muy severo con quienes abusan del poder en cualquier manera. Es una decisión que requiere valentía política porque implica enfrentarse a los peores enemigos: muchos de quienes han sido llamados y que se han dedicado a abusar en toda forma posible. Hacerlos a un lado es el gran reto del 2013.