DENTRO DE LA CANTIDAD de leyes en lista de espera para ser aprobadas por el Congreso, me ha llamado la atención una relacionada con la necesidad de preparar en Guatemala a deportistas de alto rendimiento, presentada hace un par de años por el diputado liderista José Gándara Torrebiarte. En resumen, la propuesta es hacer deducible del impuesto sobre la renta todo el dinero otorgado en donaciones para este fin. La imagen del deporte nacional en Guatemala pone al futbol como el receptor de mayor dinero estatal, pero la realidad es distinta, pues se trata de una actividad comercial, similar en todo el mundo, empezando con la ahora desprestigiada FIFA, cuyo proyecto Gol es el origen de casi todos los fondos para el futbol nacional.

POR ORDEN DE LA Constitución, el deporte guatemalteco recibe el 3% de los ingresos ordinarios del Estado —mil millones de quetzales—, cifra superior a la de toda Centroamérica junta. Los resultados, en medallas, son escasos y cada presea resulta costando demasiado dinero. La realidad actual del país, con hospitales sin medicinas, por ejemplo, obliga a pensar en priorizar el uso de los fondos estatales, y al mismo tiempo tener mucho cuidado en no sacrificar los ingresos estatales para financiar actividades cuya importancia es relativa, como es el caso de los atletas de alto rendimiento. A mi juicio, hay un ambiente generalizado para investigar y conocer cómo se utilizan esos dineros en asuntos ajenos al mejoramiento del deporte en general.

DESDE HACE AÑOS, LAS federaciones y confederación deportivas han sido motivo de crítica porque, por ejemplo, la cifra de delegados es superior a la de deportistas; la cantidad de asesores es exagerada, y a causa de la autonomía del deporte, es difícil —si no imposible— investigar el uso de los fondos. Se ha hablado de la necesidad de gastar en instalaciones, lo cual es aceptable, pero no constituye una exigencia para aumentar el número de medallas obtenidas. Cuba, por ejemplo, tiene instalaciones modestas y las medallas logradas son muy numerosas. Barrondo logró sus triunfos él solo, como es el caso de numerosos otros deportistas. Hace algunas semanas, un gimnasta no pudo viajar y la explicación oficial fue la falta de fondos y los errores de las autoridades.

LAS MEDALLAS NACIONALES han sido obtenidas por competidores individuales, financiados por sus familias, en muchísimos casos. Lamentablemente, también en demasiados casos las ventajas de los dirigentes deportivos son muy superiores a los beneficios merecidos por los deportistas. Nadie debe criticar la existencia de la confederación y del comité olímpico, así como de la Dirección General de Educación Física, dependiente del Ministerio de Educación. En resumen, hay muchas dudas acerca del resultado práctico de esta ley propuesta, porque el país, necesitado de mejorar y ampliar la base tributaria para cumplir sus funciones, no debe ver reducidos sus ingresos cuando una solución es becar a los atletas de alto rendimiento.

GUATEMALA SE BENEFICIA realmente con la práctica deportiva de sus niños, sobre todo. El objetivo debe ser mejorar la salud a través del deporte y ese es el espíritu del artículo constitucional. Aplaudo sinceramente la idea de darle apoyo a la minoría de atletas capaces de participar con éxito en competencias mundiales, pero no veo sólido el criterio de deducir los impuestos por ello. En todo caso, hacerlo en aquellos casos de inversiones dedicadas a mejorar la práctica deportiva ciudadana. El tema debe ser motivo de discusiones y explicaciones de las consecuencias de una legislación como la propuesta. Nadie puede negarse, precisamente porque la dolorosa realidad nacional obliga —vale la pena repetir— a priorizar los gastos.