La iniciativa de eliminar la Corte de Constitucionalidad (CC),  por la vía de una consulta popular, representa el paso más audaz de un grupo de diputados para consolidar la dictadura del Pacto de corruptos. Esta vez quieren ir más lejos al tratar de quitar al máximo tribunal del país, cuya función es la defensa del orden constitucional, porque sencillamente no se ha prestado a sus desmanes. En esta acción los diputados no están solos, ya que forman parte de un grupo más amplio, en el que también están el presidente Jimmy Morales, la cúpula militar y el sector empresarial organizado en el Cacif, que en los últimos meses se han dedicado a  desprestigiar a la CC. En la mira de los corruptos también están el Ministerio Público, el procurador de los Derechos Humanos y la Contraloría General de Cuentas para consolidar el reino de la impunidad.

Se sabe que la iniciativa está siendo cocinada por un grupo de diputados tránsfugas que tienen el respaldo de al menos 50 legisladores y buscarían que la consulta popular coincida con las próximas elecciones generales. ¿Cuál es la queja? Que los fallos de la CC son políticos y no enmarcados en la Constitución. En realidad, la situación es al revés. Los diputados quieren deshacerse de la CC porque sus resoluciones han sido contrarias a sus intereses políticos espurios. El fondo de la molestia de ese grupo de diputados fue el fallo de la CC, emitido en septiembre, en el que ordenaba al gobierno permitir el ingreso al país de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Esa resolución desencadenó los demonios del Pacto de corruptos que han despotricado y desobedecido el fallo del máximo tribunal.

El primero que incumplió la orden de la CC fue el presidente Jimmy Morales. Es más, enderezó una batería de seis recursos legales ante la CC contra el amparo provisional que permitía el ingreso de Velásquez. Todos fueron rechazados. El mandatario ha lanzado ataques contra la CC, dentro y fuera del país, con lo que ha creado una ruptura del orden constitucional. Nunca antes un funcionario de alto nivel había llegado tan lejos para oponerse a un fallo del máximo tribunal. El sector empresarial apoya esa actitud inconstitucional del presidente, además de haber financiado cabildeos en Estados Unidos contra Velásquez y la Cicig porque estos descubrieron las componendas del Cacif con el Pacto de corruptos. Ahora sale la jauría parlamentaria para atacar a la CC, con la idea de destruirla totalmente, no por interés del Estado, sino por razones casuísticas para lograr más impunidad. Ya no se puede hablar de que en el Congreso hay oposición política, ya que en aras de encubrir sus negocios oscuros los diputados se alían al sector empresarial y al Ejecutivo en una cruzada de corruptos.

El cerco de la impunidad también se extiende en términos presupuestarios. La comisión legislativa de Finanzas Públicas le recortó al Ministerio Público Q588 millones para el presupuesto del 2019, lo cual, de hacerse efectivo, impactará en la labor de ese ente de investigación penal. Quizá por ello la fiscal general, Consuelo Porras, no ha sido tan contundente al ver que tanto el presidente Morales como el vicepresidente Cabrera insisten en que no dejarán entrar al comisionado de la Cicig. La jefa del MP solo ha atinado a pedir que “por favor” lo dejen ingresar al país, algo que no corresponde a su alta investidura y que debería accionar como corresponde. Lo mismo se puede observar con el recorte de Q344 millones al presupuesto de la Universidad de San Carlos como una represalia por las manifestaciones que ha encabezado contra la corrupción. Como se ve, el Pacto de la impunidad quiere gobernar sin instituciones de control para poder seguir saqueando los recursos del Estado sin oposición alguna.

@hshetemul