En Guatemala es casi imposible avanzar hacia la refundación del Estado, debido al neocolonialismo yanqui, al poderío histórico de la oligarquía, a la fragmentación social y por el entramado jurídico, político e institucional (sistema resiliente por el racismo, exclusión, impunidad, corrupción, desigualdad y violencias que produce), una telaraña diseñada por las élites para deslegitimizar las reivindicaciones populares, para neutralizar la movilización ciudadana, y para reducir al orden desde el “Estado de Derecho” a los irreverentes descamisados que cuestionan al Leviatán.

Entonces, la fase previa a la refundación es la etapa reformista, donde es imprescindible exigir la aprobación de las reformas a la LEPP, pliego de enmiendas que cuentan con una representatividad y legitimidad aceptable, aun cuando fueron fraguadas en el seno de la Plataforma de la Usac (entidad que avaló la tesis plagiada de Baldizón, con autonomía opaca, dados los hallazgos y reparos de la CGCN por malversación de fondos, que ha transado en las comisiones de Postulación y que pregona la reforma del Estado, cuando nunca ha tenido voluntad política de entrarle a la Reforma Universitaria) y presentadas por un TSE que ha dado muestras de relativa independencia jurídica y de ser un órgano de control político para garantizar la transparencia en la democracia electoral.

Dentro de las principales propuestas de reforma a la LEPP que se cuajaron en la mesa técnica están la no reelección de alcaldes y diputados, el voto por ninguno, acceso equitativo a medios, paridad y alternabilidad en postulaciones, comités cívicos distritales, voto en el extranjero, sistema nominal con listas abiertas, democratización interna de partidos políticos, el no acceso automático de expresidente y exvicepresidente a Parlacén, y eliminar el derecho al antejuicio.

Sin embargo, planteo una serie de reflexiones sobre este proceso enrevesado: ¿Si la LEPP tiene rango constitucional, acaso no debemos macizar las enmiendas a través de una Asamblea Nacional Constituyente, hacerlas parte de ese nuevo contrato social? ¿Hasta dónde la embajada gringa tiene incidencia en aprobar las reformas a las leyes discutidas en el Congreso, pues la LEPP es solo la carnada para entrarle al túnel de la corrupción e impunidad política (quizá el Chapo sea un buen asesor senior)? ¿Qué se atreverán a mutilar los lacayos de la camorra política, pues aun presionados por el Cacif y la Cicig no se harán kamikaze?

No obstante, las reformas a la LEPP son vitales para la reingeniería política, pero más allá de la trillada discursividad del “orden constitucional”, las correlaciones de fuerza demandan hacer transformaciones profundas al Estado. Esto significa que las elecciones de entrada matan la mística de la revolución ciudadana, confinan a la marginalidad/posteridad fenómenos estructurales a los cuales debemos entrarles para transitar de una reforma hacia una refundación del Estado (reforma fiscal integral, desmantelamiento de Ciacs, modelo de desarrollo económico, plurinacionalidad y democracia intercultural, nacionalización de bienes estratégicos, etcétera).

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