Según lo establece el artículo 140 de la Constitución Política de Guatemala, el Estado se organiza para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades, en tanto el 141 dice que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial… hermosos enunciados que si se cumplieran, otra sería nuestra realidad cotidiana, pero no es así. Ninguno de los tres poderes en que se sustenta la República, cada uno con sus luces y sombras, satisface las necesidades del común de los ciudadanos; pareciera que todo está dado para que nada funcione.

El Legislativo, por ejemplo, desde mucho tiempo atrás ha hecho casi de todo, menos legislar a favor de la mayoría. El caso más reciente fue el de las reformas al Código Penal, tan infames y burdas, que el inmediato rechazo de la población obligó a anularlas en una jornada vergonzosa. Actualmente revisa la Ley Electoral y de Partidos Políticos, desestimando lo planteado en los acuerdos de paz (1996), que estableció un máximo de 80 diputados, cuando para entonces ya eran 158. La discusión se ha centrado en el cómo elegirlos, creando distritos más pequeños y aumentando el número de mesas electorales. Ni siquiera se menciona eliminar el listado nacional, del que resultan electos parientes de los parientes, sin ninguna credencial.

El poder Judicial, a partir de cuando se estableció que los procesos fueran públicos, sin estar preparado física ni logísticamente para ser operativo y funcional, bajó el rendimiento de los juzgados y alargó el tiempo para resolver los casos; aunque ahora la población tiene acceso a conocer cosas que antes ignoraba.

Por su parte, el Ejecutivo es sin duda el más notorio, por lo que su destreza o ineptitud afectan directamente a la ciudadanía, y su actuar no pasa desapercibido. Es el responsable de aplicar las políticas de Estado trazadas desde la propia administración. Los políticos, al llegar al poder por la vía de las elecciones, se presume que portan un plan. Plan consecuente con aquellas políticas de Estado, con el que contribuirán al bienestar general. Sin embargo, la experiencia nos dice que aquellas políticas no existen, como tampoco el plan.

El gobernante integra su equipo de trabajo, esencialmente con sus ministros de Estado, cuya labor es coordinada por el vicepresidente. Al menos eso es lo que indica la letra muerta de la Constitución (literal g, Art. 191). La realidad es otra. El ministro de Finanzas, por ejemplo, lejos de velar por que los recursos que el país genera sean usados según las necesidades planteadas por los ministros responsables por el desarrollo del país, desde su particular y especializada función, no lo hizo. Sin justificación alguna incrementó el rubro de funcionamiento a cotas absurdas, en detrimento de la inversión. El resultado será que como país nos seguiremos endeudando, dejando de hacer lo esencial, pero produciendo nuevos ricos a costa del erario nacional. En tanto el Congreso no analiza, solo regatea y finalmente aprueba.

En otras palabras, ninguno de los tres poderes del Estado cumple a cabalidad con su función. Las necesidades básicas como salud, seguridad, asistencia social, trabajo, deporte, educación, vivienda e infraestructura son relegadas a un enésimo lugar, en tanto se priorizan salarios, bonos, granjerías, viáticos y cuanto recurso sea necesario derrochar para mantener contentos y satisfechos a quienes contribuyeron a alcanzar el poder, que al fin y al cabo, para eso se esforzaron. No les importa llevar a la Nación a su evidente colapso.

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