Los crecimientos urbanos siempre han estado ligados a las necesidades de las personas. Empiezan por construir viviendas formales, conjuntos residenciales y torres de apartamentos para sectores económicos de nivel medio y alto, muchos situados en zonas a veces sin definir la función físico espacial urbana o catalogadas de alto riesgo.
Y otras son de aquellos que no pueden adquirir viviendas formales y que están a merced de los programas de origen oficial, cuyas viviendas son de deshechos de materiales, situándose en barrancos o zonas desestructuradas urbanamente. Porque nuestro urbanismo ha ido en declive donde se construye de acuerdo al mercado, cuando somos un país sísmico, como los últimos, donde deben de existir planes urbanos regionales adecuados con áreas abiertas que permitan a las personas guarecerse mientras se tranquiliza la falla ocasionando un terremoto, con buenas relaciones entre altura y espacio. Hay ejemplos anteriores como los residenciales Granai.

Las primeras se ubican en desarrollos más o menos formales y las otras en los espacios inapropiados, que son los que dejan los primeros. Son las que están ligadas a quienes no tienen capacidad de obtener tierra adecuada y servicios como infraestructura, agua, alcantarillado, electricidad, comunicaciones y seguridad, así como centros de abastecimientos de consumo diario y semanal. Son los llamados “tugurios” o “viviendas miserables”, producto de la economía informal por las invasiones rurales atraídas por la economía urbana en busca de sobrevivencia. Son aquellos que no los tomaron en cuenta por las contradicciones en los desarrollos urbanos, como los “asentamientos”, ubicados lejos de los focos económicos importantes de la ciudad se sitúan en barrancos o en laderas de alto riesgo, amenazados por cualquier incidencia, dentro de los cuales están los sismos, deslaves e inundaciones.  Según Conred: “Las constantes lluvias que se han registrado en el país durante la última semana han saturado casi en un 100% el suelo; esto representa alto riesgo de desbordamiento de ríos, derrumbes y deslizamientos en laderas de barrancos y cerros”.

Así incendios como el que destruyó 30 viviendas en la zona 3 de Mixco. Tenemos  el caso del Centro Histórico,  que fue foco económico y atrajo una serie de “asentamientos”, después del terremoto de 1976, que se ubicaron  en los barrancos, como El Incienso, o los de las zonas 16, 17, 18, 19, con un total de 300,000 habitantes en peligro latente, como varios fallecidos por un deslizamiento en San Pedro Soloma, Huehuetenango.

En el 2012 se creó una ley de vivienda que tenía por objeto “regular y fomentar las acciones del Estado, desarrollando coherentemente el sector vivienda, sus servicios y equipamiento social. Para ello se crearon las bases institucionales, técnicas, sociales y financieras, que permitieran a la familia guatemalteca el acceso a una vivienda digna, adecuada y saludable, con equipamiento y servicios”. ¿Pero dónde están?

¿Quiénes deberían de abordar este problema? En primer plano, las municipalidades, que es donde se encuentra la mayoría de proyectos de desarrollos urbanos. El Ministerio de Comunicaciones,  Infraestructura y  Vivienda, y el Ministerio de Desarrollo, rector encargado de formular, dictar y establecer las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de personas y grupos vulnerables socialmente. Y el INFOM encargado del desarrollo integral municipal, quienes deben de ser las entidades que deben impulsar las condiciones y nivel de vida, con el fin de construir un futuro digno para los individuos, su familia y la comunidad.

Es por ello que los programas sociales deben estar encaminados a implementar políticas en el campo de la educación, salud y productividad.