¿Qué hará el gobierno de tran- sición? En tan poco tiempo, casi nada; pero podría hacer cosas importantes. En lo ambiental: no permitir que se otorgue una sola concesión de explotación de bienes naturales durante su extraño período, si quiere verse decente. La corrupción en el MARN llegó a niveles insospechados durante los últimos años. Para quienes llevamos décadas en estas lides, no es difícil identificar que el impresionante aumento en la corrupción —en las instituciones gubernamentales— corresponde con la llegada de la minería metálica moderna. Hubo corrupción en ese ministerio antes, pero no tan burda. No insinúo que la minería metálica sea el único factor procorrupción. A la vanguardia estuvo el tema petrolero; en la explotación de nuestros bosques hubo antes prácticas no lícitas. Recuerdo los escándalos de corrupción relacionados con la explotación maderera en Petén, cuando el licenciado Valladares era procurador general de la Nación y los ambientalistas hacíamos esfuerzos por probar la participación de “ilustres” peteneros, a quienes no se les pudo comprobar nada gracias a que “se perdieron” los expedientes…

La falta de información veraz alienta la corrupción. Hoy, la población guatemalteca no sabe a ciencia cierta cuántas concesiones de minería metálica hay, en qué situación de legalidad o ilegalidad se encuentran, cuáles son las compañías mineras —locales o transnacionales— que las operan, en qué condiciones y exactamente qué es lo que se explota. Podría decirse algo similar sobre otros proyectos, de explotación petrolera y de palma africana, por ejemplo. Tampoco tenemos claridad respecto de la explotación de ríos para la producción de energía; tema que no debería ser conflictivo, pero que lo es por características peculiares del negocio aquí. Cero transparencia, mucha corrupción.

Si el gobierno del Lic. Maldonado quiere hacer algo importante —para la población guatemalteca y para el gobierno que asuma en enero— en el área ambiental y en el combate a la corrupción, podría ordenar y presentar una auditoría profunda en los temas ambientales que provocan más conflictividad, para destapar en qué situación nos encontramos realmente. Hoy no sabemos cuánto petróleo se exporta ni cómo se encuentra el área de donde lo sacan; cuántas minas hay y de quién son; quiénes son los operadores y accionistas locales; cuánto cianuro ha entrado a Guatemala desde que empezó la explotación de oro y plata y cuánto ha recibido el país por el impuesto que se tiene que pagar para importarlo. ¿Cuántas hectáreas hay sembradas de palma africana y de qué compañías son? ¿Cuántas hidroeléctricas y de qué tamaño? ¿Quién controla lo que sale y lo que entra? ¡Tantas preguntas! Respuestas concretas y verificables darían las bases para resolver y minimizar muchos problemas y generar algo de confianza en la población de Guatemala. ¡Necesitamos información real, para no seguir especulando y que no nos sigan baboseando!