El país vive un tsunami que arroya las instituciones fundamentales que configuran el Estado: Ejecutivo, Judicial y Legislativo, todo por el pésimo desempeño de algunas de sus autoridades, que por la corrupción y ambición nos llevaron a la ruina. La culpa no es del MP ni de la Cicig, ni de los operadores de justicia que no se dejan intimidar ni manipular por mafias criminales incrustadas en el Estado. Más bien su alta responsabilidad ética, el fiel cumplimiento de la Ley y el coraje de quienes las dirigen y trabajan en ellas, con el respaldo de la ciudadanía, puso en crisis el sistema corrupto que nos rige.

En noviembre pasado los obispos de Guatemala, en un comunicado titulado “Dios ama la justicia y el derecho”, hablaban de “una parálisis institucional”, en los tres poderes del Estado, que se manifiesta de diversas maneras. En el Ejecutivo, “graves dificultades para llevar adelante acciones concretas”, pues, quienes administran el país ganaron las elecciones sin contar con un proyecto de nación, ni programa de gobierno ni gente capaz y con visión para gobernar.

En el Legislativo, los purpurados señalaban “bloqueos dentro de los diputados y señalamientos graves” contra ellos, pues algunos son sindicados de asesinato, tráfico de influencias, de corruptos, tránsfugas; además, un buen grupo tiene solicitud de antejuicio y otros más están bajo investigación. En el Judicial, “rezagos enormes que impiden llevar adelante una justicia pronta, imparcial y ajena a injerencias” de las élites que han hecho de la nación su finca.

De modo que el país está siendo zarandeado desde sus cimientos. El sistema de justicia está podrido por culpa de los mismos eruditos de la Ley, como la demuestra la conducta de la mayoría de los 13 magistrados y el proceso que les llevó a tan alta investidura; por lo tanto, deben recuperar “su dignidad moral”, como lo plantearon los prelados el mes pasado. Por su parte, los diputados deben recuperar el “sentido ético” para que cumplan adecuadamente la noble tarea “de ser representantes legítimos de los intereses del pueblo” y no defensores de cúpulas mafiosas. Y quienes están en el Ejecutivo deben luchar por “una gestión pública más transparente y eficaz”.

Muchos de los que ejercen cargos públicos cayeron en las redes del dios Mammón. El poder los enloqueció y los hizo perder el sentido común y el rumbo de lo humano. Acumulan y derrochan, mientras familias pobres no tienen qué comer ni cómo curarse, ni mucho menos educarse, ni vivienda y trabajo dignos.

Esta lucha es crucial hoy, cuando se están desenmascarando las mafias articuladas en partidos políticos que se apoderaron del Estado y lo saquearon. Apoyemos esta “verdadera primavera” contra la corrupción, aunque es un proceso que comienza y debe continuar y fortalecerse. La lucha es dura porque las mafias, los políticos marrulleros, los defensores de poderes oscuros y nefastos y, por supuesto, muchas de las figuras políticas ahora sindicadas y encarceladas están dispuestas a defenderse a toda costa. Ante ese panorama urge que la Iglesia se despoje de posturas tibias e ingenuas, porque está en juego la vida de los pobres.

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