La justicia guatemalteca dio ayer un nuevo paso en la lucha contra el enriquecimiento ilícito, con el inicio de la extinción de uno de los bienes de Roxana Baldetti, una lujosa residencia veraniega ubicada en un exclusivo sector de la zona portuaria de Escuintla. A la vez la Fiscal General anunció que el Ministerio Público gestiona la extinción del dominio de cinco inmuebles que pertenecen al expresidente Otto Pérez Molina. Ambos guardan prisión preventiva por supuestamente dirigir una red de defraudación aduanera.

Si bien es cierto que tanto el expresidente como la ex vicepresidenta todavía gozan de la presunción de inocencia, los pasos que han dado los órganos jurisdicciones son acertados porque el reto ahora es que los encartados puedan justificar que utilizaron procedimientos normales para acumular tantos y tan selectos bienes en un tiempo relativamente corto. Algo que seguramente puede resultar difícil porque amasar una fortuna tan cuantiosa, sobre todo cuando a ambos no se les conocían actividades empresariales que pudieran justificar tal rentabilidad.

Lo que debería quedar claro para quienes consideren que esto pudiera tener algún cariz político es que esta es una de las contadas ocasiones en que los órganos de investigación cuentan con información suficiente sobre posibles actos ilícitos de exgobernantes como para sospechar de su riqueza. Por ello la Ley de Extinción de Dominio permite investigar más a fondo el origen de fortunas dudosas.

Lo cierto es que puede haber muchos otros casos de enriquecimiento ilícito y ese es el desafío que se abre para el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuyas principales cabezas deben tener claro que en el país existen varios exfuncionarios y también particulares que pudieron haber acumulado bienes malhabidos, ya sea al actuar como testaferros o bien como beneficiarios de defraudación. Esclarecer eso es cuestión de tiempo y recursos que puedan dedicarse a explorar las cuentas, los bienes y el flujo de actividades de participantes en el malhadado gobierno patriotista.

En casi todos los órganos del Estado puede haber casos dignos de investigación. Solo en el Congreso podrían encontrarse suficientes candidatos para aplicar la Ley de Extinción de Dominio. Muchos de los que han hecho de ese organismo su base de operaciones oscuras deberían aclarar cómo han logrado pasar a ser dueños de lujosos vehículos y suntuosas propiedades que no podrían pagar ni siquiera ahorrando todo el sueldo que devengan, lo cual hace suponer que reciben ingresos por vías poco claras.

Este campo de investigación también podría ampliarse a funcionarios de otras instituciones, cuyos bienes y cuentas bancarias tampoco son el reflejo de lo que reportan como salario, como ya quedó en evidencia con las investigaciones que se abrieron en contra de algunos jueces cuestionados.

Desafortunadamente, en el país ha existido un abuso generalizado en la administración pública, pero cada vez resulta más fácil tener acceso a la huella que dejan estos delincuentes de cuello blanco que a menudo, por soberbia, terminan creyéndose intocables.