Cuando suceden tragedias como el derrumbe del cerro que sepultó el Cambray 2, la atención inmediata se centra en los dramas humanos que las hacen tan dolorosas. Pero pasa el tiempo y todo regresa paulatinamente a la normalidad, que en casos como este significa simple y llanamente que se mantienen sin cambios las trampas que atraparán a nuevas víctimas cuando se repitan los fenómenos naturales propios de un país geológicamente inestable.

Por esa causa es primordial que las leyes y los reglamentos de construcción de viviendas sean uniformes en todo el territorio nacional, y que las municipalidades no tengan la potestad de decidir cuáles son los requerimientos. Es un hecho que las autoridades edilicias no tienen la capacidad de contratar estudios, y que en el caso de la capital, aunque existan no hay voluntad de hacerlos cumplir o se hace de manera discrecional. Muchas veces, las autoridades ediles y gubernamentales, lejos de evitar la construcción de viviendas en sitios peligrosos, en forma directa o indirecta la favorecen, cuando otorgan títulos de propiedad a quienes han invadido tierras estatales o incluso privadas.

El Estado guatemalteco, a través del Gobierno y del Congreso, debe interesarse en lograr informes técnicos y científicos acerca de los riesgos de edificaciones en lugares escarpados, en los cuales hayan sido talados total o parcialmente los árboles, o donde las condiciones geológicas no son las requeridas. Tales estudios ya existen, pero no hay interés en publicar las advertencias a los pobladores, que por otra parte se rehúsan a aceptar la imposibilidad de escapar con vida cuando las construcciones son endebles o están mal ubicadas y carecen de planificación técnica.

Los guatemaltecos tienen una idea de que el territorio nacional presenta características propias por las cuales existe riesgo de destrucción. Pero, por lo general, piensan en los terremotos, y por ello es que se observa cierta relajación al considerar que estos fenómenos suceden cada 80 años, o algo así. Se ven en la distancia histórica, pero no se piensa en que los cambios climáticos —consecuencia de la deforestación— tienen una cruda manifestación en países como el nuestro. Es necesario, entonces, emprender campañas de concienciación acerca de la importancia de fundar una institución privado-estatal que tenga el poder necesario para hacer que requerimientos fundamentales de construcción se cumplan.

Eso es algo que no debe postergarse por demasiado tiempo, porque son miles los guatemaltecos que habitan en áreas sumamente vulnerables. No se debe permitir que suceda lo que es común cuando, por ejemplo, un autobús extraurbano se embarranca y provoca la muerte de los pasajeros, se alzan las voces para pedir controles en los vehículos y los conductores, pero luego ese clamor queda silenciado.

Deben hacerse los esfuerzos necesarios para transformar esa condición de vulnerabilidad que agobia a miles de compatriotas. Para ello es necesaria una amplia participación de todos los sectores, a fin de que en Guatemala exista un código de construcción de cumplimiento general, antes de que se acrecienten las tragedias.